La fusión de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus (Vaersa) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), en la que trabaja la consellera Mireia Mollà, se ha topado con el rechazo frontal de la Red Valenciana por el Agua Publica. Entienden sus responsables que con en este macroente, que pasará a denominarse Evasa, la gestión integral del Ciclo Integral del Agua «pierde su independencia al mezclarse con la gestión de múltiples servicios de carácter ambiental, agrícola y desarrollo rural». «Es un paso atrás que genera incertidumbre y dificulta el ejercicio efectivo del derecho humano al agua», inciden, para enfatizar además «que se pone en cuestión el Pacto del Botànic 2, que se comprometía a la creación de un Centro independiente para la gestión del ciclo urbano».

La creación de Evasa, tal como recoge el borrador del decreto al que ha tenido acceso Levante-EMV, busca salvar la complicada situación de Vaersa y reforzar con personal la Epsar, una de las pocas entidades de la Generalitat con recursos propios, más de 200 millones al año, que recauda a través del canon de saneamiento. Los reveses judiciales a Vaersa sobre las encomiendas de trabajos y las advertencias del Consell Jurídic Consultiu al respecto están en la base del decreto en el que avanza la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Algo que para la Red Valenciana por el Agua Pública «pone en riesgo el necesario cambio de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental y el predominio de lo público en la gestión hídrica».

Tampoco se respetan, en su opinión, «los pactos y acuerdos de gobierno firmados por el PSOE y la coalición Unidas-Podemos a nivel estatal en defensa de una nueva cultura del agua más democrática, participativa, sostenible y pública». «Con la aparente justificación de gestionar agua y medio ambiente, parece que su pretensión es resolver los problemas jurídicos, laborales y económicos que arrastra desde hace años la sociedad Vaersa», reiteran.

Para los críticos con el proyecto de fusión, se falla también en la parcela «de la transparencia, participación efectiva y rendición de cuentas propias de la buena gobernanza». «El preámbulo del decreto ley reconoce haber prescindido de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública alegando una excepcionalidad y urgencia genéricas, que no justifica», reiteran. Aunque en el decreto, aún en fase de borrador, se hace hincapié en que la nueva entidad ha de evolucionar «para asegurar el ejercicio efectivo del derecho humano al agua en condiciones de asequibilidad, calidad y garantía», la Red Valenciana cuestiona que los colectivos más vulnerables vayan a ver garantizados esos derechos.

« Pedimos a la conselleria y a los partidos que componen el Consell, que, sin perjuicio de buscar una solución a los problemas jurídicos y laborales de Vaersa, reconsideren su apoyo al proyecto», concluyen. El Jurídic Consultiu tumbó hace unos meses la actual fórmula jurídica de Vaersa, una empresa pública creada hace 34 años y que tenía la consideración de medio propio instrumental de la Generalitat con la gestión de residuos y de los parques naturales como algunas de sus funciones y algo más de 1.300 trabajadores.

El rechazo a Evasa lo firman hasta catorce colectivos, algunos ambientales, pero también la Confederación Confederación de Asociaciones de Vecinos, CC OO, la Unió de Llauradors i Ramaders. La Red Valenciana por el Agua Púbica, está formada, además, por Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, Ingeniería Sin Fronteras, Fundación Nueva Cultura del Agua, H2O Paterna, Heterodoxia Castellón, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, No a los Tratados Desiguales, Nuevo Modelo Energético y Xúquer Viu.