66 millones de euros que se pagarán progresivamente a partir del mes de julio a 6.281 personas -unos 10.500 euros de media- que eran interinos en 2015. Ese año se aprobó el decreto de la carrera profesional que excluía al personal interino de este complemento y que fue anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así lo trasladó ayer la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública Gabriela Bravo a la Mesa General de Negociación en la que participaron los sindicatos con representación (UGT, CSIF y CCOO) y la directora general de Presupuestos, Eva Martínez.

Según apuntaron al diario Levante-EMV fuentes conocedoras del encuentro, la carrera profesional se pagará tanto a los interinos como a las personas que eran interinas en 2015 y se han convertido en funcionarios o no se les han reconocido los periodos previos.

De las 6.281 personas que trabajaban como personal interino en 2015, un total de 1.414 se han convertido en funcionarios de carrera. En la actualidad hay contabilizados 4.808 interinos en activo a los que se les va a reconocer y pagar los complementos incluidos en la carrera profesional a los que tienen derecho, según consideró al alto tribunal valenciano.

Por otra parte, según estas fuentes, se trasladó a los sindicatos que la Generalitat abonará a sus plantillas, probablemente a finales del 2020, el incremento retributivo del 2 % para cumplir con el acuerdo del 9 de marzo de 2018 alcanzado por el Gobierno central con las centrales sindicales y que quedó reflejado en el Decreto Ley 2/2020 del 21 de enero.

En esta normativa se establecía que el aumento del 2 % tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020. La intención era convocar la Mesa General a finales de marzo para hacerlo efectivo en abril. Sin embargo, las circunstancias han cambiado tras la emergencia sanitaria del coronavirus y la consellera explicó que por «prudencia» el Consell aplazará el pago a finales de año. No obstante, Bravo reiteró que se trata de un retraso y que el aumento se abonará.

Además, la consellera explicó que con la vuelta a la nueva normalidad para la Función Publica valenciana vuelve a estar vigente el decreto 42/2019 que rige a la Administración Publica valenciana. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que el personal más vulnerable pueda ser evaluado por el Invassat para darle una baja laboral por sus circunstancias particulares.

Durante el encuentro también se ofreció una mayor flexibilidad en los asuntos referidos a la conciliación familiar, pues la plantilla podrá optar por trabajar en turnos de tarde para quienes lo soliciten.

Respecto al teletrabajo, la consellera expuso el contenido de la reunión sectorial de la pasada semana con el Ministerio de Territorio y Función Pública en la que se acordó la constitución de un grupo de personas expertas que aborde la regulación del teletrabajo.

Según estas fuentes, Bravo recordó que hay una opinión unánime entre las comunidades autónomas en que el trabajo no presencial no se puede considerar teletrabajo.

La consellera razonó ante los sindicatos que hay que preparar las herramientas normativas necesarias para regular las modalidades de trabajo no presencial, además de determinar metas, ámbitos donde es compatible aplicar el teletrabajo y todos los programas con los objetivos que los trabajadores que se acojan a esta modalidad tienen que llevar a cabo.