El Gobierno pide ayuda a los consistorios para tramitar el ingreso mínimo vital

La comunicación emplaza a las entidades locales a que ofrezcan a sus vecinos el canal telemático de la sede electrónica de la Seguridad Social como mecanismo «idóneo» para efectuar las solicitudes, después de acentuar la «trascendencia social de la nueva prestación» y el papel de los consistorios como «agentes y colaboradores de importancia capital» por su proximidad a la ciudadanía.

El plazo para acogerse a la renta vital se abrió el lunes y el número de peticionarios ya supera con creces los 200.000. Aunque la intención del Gobierno es descargar en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la apertura de los expedientes -en los más pequeños se efectuaría a través de las diputación-, el retraso en la firma de un convenio marco de colaboración entre ambas patas de la Administración ha sembrado de dudas la actuación de los municipios en los últimos días. De momento, la tramitación reposa en la Seguridad Social, que desde el principio ha registrado una sobrecarga en la red telefónica por el flujo de llamadas recibidas.

A través de la comisión de Hacienda de la Federación de Municipios, los ayuntamientos -que por ahora están realizando labores de asesoramiento- se han unido en reclamar al Ejecutivo Central un trasvase de fondos -no contemplado en la ley- para financiar los sobrecostes generados por lo que consideran una competencia impropia, tras advertir de que las leyes de austeridad limitan mucho el margen de maniobra para incrementar los recursos propios y contratar personal, con el correspondiente peligro de bloqueo en una administración local ya de por sí bastante saturada en lo que a burocracia se refiere.

A la espera de concretarse un acuerdo de colaboración sobre el que ayer estuvieron negociando el ministro de Seguridad Social y las entidades locales, la ley del Ingreso Mínimo Vital contemplala exención de la regla de gasto para que los ayuntamientos con costes adicionales por la tramitación puedan hacer uso de parte del superávit retenido por la Ley de Sostenibilidad. Pero la medida se considera insuficiente en el ámbito local si no va acompañada de más recursos. Además, la norma establece que ese desembolso ha de correr a cargo de los ingresos corrientes previstos en el actual ejercicio, lo que dificulta las cosas. También el PP ha planteado esta semana una propuesta en las Corts para reclamar al Gobierno un fondo que permita cubrir los gastos extra de los ayuntamientos, con el propósito de «no poner en riesgo las ayudas».

Simplificación electrónica

El correo remitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a los alcaldes remarca que se han dispuesto los medios necesarios y se ha simplificado la gestión para que los solicitantes del subsidio efectúen los trámites en la sede electrónica, «incluso aunque carezcan de medios de identificación electrónicos». El organismo estatal se ha ofrecido para brindar información y formación a los ayuntamientos con tal de aproximar a los peticionarios el conocimiento de la prestación, así como «la sencillez y eficacia de su tramitación en línea». Para muchos potenciales beneficiarios, la brecha digital es un obstáculo insalvable.

El ministro José Luis Escrivá insistió ayer en que trabaja en vías de colaboración con los consistorios y en estrategias específicas para la inserción laboral de los peticionarios, haciendo hincapié en que en el modelo del ingreso mínimo vital tienen que participar los distintos niveles de gobierno «porque las competencias son compartidas».

Algunos ayuntamiento han habilitado oficinas y servicios extraordinarios de asistencia para que las personas que quieran solicitar la renta vital puedan hacerlo con la ayuda de su personal. De ahí que pidan más recursos.