gulación de la renta valenciana de inclusión para hacerla compatible con el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Dos prestaciones distintas pero con destinatarios coincidentes (familias vulnerables) cuya convivencia supone un auténtico reto. El texto normativo, cargado de complejidad, busca hacer compatibles ambas rentas y evitar desajustes graves, como la duplicidad del pago. En la práctica viene a ser una reforma exprés de la ley que en su día aprobó el Consell del Botànic.

El texto, que viene a blidar la renta valenciana de inclusión, no ha llegado sin fricciones. De hecho, tal como adelantó ayer este diario, la Dirección General de Presupuestos había puesto pegas a la norma al no ver clara la memoria de impacto económico presentada por la conselleria de Oltra. La falta del informe estuvo a punto de bloquear su aprobación en el Consell, lo que provocó el jueves una tensa reunión y un enfando considerable de Oltra, que amagó con una respuesta contudente si seguía el parapeto.

Hacienda acabó cediendo y emitiendo su informe favorable, por lo que el Consell dio luz verde al decreto ley. Además de las pegas presupuetarias, el asunto había generado controversia porque desde el PSPV se prefería que el texto, que entra de lleno en la renta vital, hubiera sido consultado con el Ministerio de Seguridad Social, quien ha acabado llevando la batuta de la nueva renta. Cabe recordar que la renta vital ha sido bien recibida por el tripartito, pero también ha generado desencuentros con Compromís, que reclamaba recibir los fondos y poder gestionarla directamente. El Gobierno central cedió la gestión al País Vasco y ha aplazado hasta 2021 el convenio con la Generalitat para avanzar en la cogestión. Aunque la parte socialista del Consell está de acuerdo con la nueva regulación, afea a Oltra el haber presentado el texto de prisa y corriendo y sin margen para revisarlo al detalle.

Pero más allá del rifirrafe político, la preocupación de Políticas Inclusivas radica en cómo la renta estatal puede acabar desmantelando la valenciana o generar problemas por la cesión de datos personales. Oltra indicó que el decreto busca paliar «la falta de seguridad que genera la existencia de dos prestaciones cuyo objeto es concurrente y compatible» y añadió que espera que las dos prestaciones se puedan solicitar de forma conjunta cuando se firme el convenio. Con la aprobación de este decreto, la renta valenciana pasa a ser complementaria de la renta del Estado hasta el importe del módulo garantizado que corresponda percibir. La conselleria aspira a liberar crédito para nuevos beneficiarios y nuevas figuras y de hecho, el nuevo texto amplía supuestos. «Lo relevante es que hemos hecho compatibles los dos sistemas sin desmontar la arquitectura propia si el IMV cambia de cuantía o se elimina», dijo.