Antes de final de año entrarán en funcionamiento tres nuevos juzgados, uno por provincia, para agilizar las reclamaciones derivadas de la crisis de la covid-19. La medida fue anunciada ayer por la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y contempla dos juzgados de lo mercantil en València y Alicante y uno de lo social para la provincia de Castelló.
El pasado 5 de junio, el Ministerio de Justicia comunicó a las comunidades autónomas con competencias en la materia la creación de 23 nuevas unidades judiciales en toda España para atender los asuntos derivados de la crisis de la covid-19, en especial en las jurisdicciones de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno estableció la creación de dos nuevos juzgados en València y Alicante. Sin embargo, según ha explicado la consellera Gabriela Bravo, la Generalitat considera que era «necesario mantener el equilibrio en las tres provincias, dado el impacto que la covid-19 ha supuesto para economía valenciana».
Bravo insiste en que la mercantil «ha sido una de las jurisdicciones más afectadas por la paralización de todos los plazos procesales», y, en especial, ante la posibilidad del cierre de empresas y todo tipo de procesos «que van a tener que asumir los juzgados. Por eso, queremos apostar por nuestra economía; de ahí que también necesitemos la puesta en marcha de estos tres juzgados».
De hecho, la jurisdicción de lo Mercantil en el partido judicial de Castelló tiene ya una carga de trabajo del 142 % y el número de asuntos a 31 de marzo de este 2020 ascendía a 743. En el partido judicial de Alicante, la carga de trabajo en lo Mercantil es del 212%, mientras que, en el caso de València, es del 259%, con una pendencia, es decir, el número de casos, de 589 y 587, respectivamente.
La puesta en marcha de los tres nuevos órganos pretende agilizar la actividad judicial para contribuir a «una rápida recuperación económica» tras la superación de la crisis sanitaria.
