01 de julio de 2020
01.07.2020
Levante-emv
Corrupción

El tribunal acepta que Ortiz se retracte sobre el amaño del PGOU de Alicante

La Audiencia rechaza suspender el juicio mientras las defensas exigen anular las escuchas

30.06.2020 | 23:51
El tribunal acepta que Ortiz se retracte sobre el amaño del PGOU de Alicante
El tribunal acepta que Ortiz se retracte sobre el amaño del PGOU de Alicante

La Audiencia de Alicante aceptó ayer la decisión del empresario Enrique Ortiz de retractarse de su confesión ante la Fiscalía en el inicio del juicio por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, una de las piezas del caso Brugal que sienta en el banquillo a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. El tribunal, sin embargo, rechazó la petición del Ministerio Público de suspender el procedimiento, después de que tanto Ortiz como otros dos acusados hayan declinado ratificar el escrito de conformidad que habían alcanzado inicialmente con la Fiscalía y del que se desdijeron tras la sentencia absolutoria del caso de las basuras de Orihuela, en el que se anularon las escuchas que dieron lugar al proceso.

La presidenta de la sección encargada de juzgar las irregularidades en el PGOU considera que no se dan las circunstancias para aplazar el juicio, dado que la conformidad no fue aceptada por todos los acusados y porque, además, se debía preguntar a las personas que participaron en ese acuerdo inicial si finalmente lo ratificaban o no.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida plantearon en la vista que se mantuvieran los acuerdos cerrados y en los que el empresario Enrique Ortiz admitía los hechos que se le imputaban a cambio de una condena de dos años de cárcel, argumentando que se trataba de un entendimiento «irrevocable» y firme. Por el contrario, las defensas insistieron en que la invalidación de los acuerdos no suponía merma alguna en el derecho de defensa de los acusados que ahora quieran dar marcha atrás e ir a juicio. El abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, aseguró que el promotor recibió mensajes y fotografías intimidatorias para tratar de forzarle a llegar al trato.

Tanto Ortiz, como su hermano Virgilio y Santiago Bernaldez, empleado de confianza del promotor, confirmaron ante el tribunal que el escrito válido es en el que se declaran inocentes, descidiéndose así de lo firmado. Sólo el promotor Ramón Salvador se mantuvo en el acuerdo inicial y aceptó la pena de tres meses de cárcel que alcanzó con la Fiscalía.

Durante la vista, las defensas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se ha basado el caso. En ese sentido, los abogados de la exalcaldesa Sonia Castedo alegaron la vulneración del derecho de defensa efectiva y reclamaron la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo desde su imputación formal en 2010, argumentando que «no se le informó, no pudo actuar en el proceso pese a su imputación formal, no se le dio conocimiento para personarse y no pudo participar en las actuaciones», apelando en última instancia a que las escuchas fueron ilegales dado que los supuestos delitos son fruto de un hallazgo casual a raíz de otra investigación con la que la exalcaldesa no tenía relación.

Bajo la estela del caso de Orihuela

La defensa de Castedo sostiene que ésta no fue notificada del levantamiento del secreto de las actuaciones y que no le ofrecieron los autos en un momento en el que era diputada autonómica y, por lo tanto, aforada.

Hace escasos diez días, la Audiencia absolvió a los 34 acusados en la pieza separada del caso Brugal que juzgaba el contrato de basuras de Orihuela tras anularse las escuchas de la Policía Nacional. La sala consideró que las grabaciones vulneraron los derechos fundamentales de los acusados. Junto a ellas fueron invalidadas todas las pruebas recabadas con posterioridad. El tribunal tumbó las escuchas iniciales que realizó el empresario Ángel Fenoll -también exculpado- y de las que derivaron los pinchazos telefónicos posteriores y el resto de las pruebas documentales.

El fallo absolutorio por el caso de Orihuela ha dado argumentos a los implicados en el presunto amaño del PGOU de Alicante para seguir el mismo camino. De ahí que Ortiz decidiera retractarse del acuerdo de conformidad firmado por la Fiscalía, en el que confesaba su culpabilidad.

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