El caso Erial que investiga la presunta trama creada por el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para el cobro de comisiones, ha acabado por salpicar al conseller que pilotó la tramitación y adjudicación del plan eólico de la Comunitat Valenciana. Se trata del político castellonense Fernando Castelló Boronat, que ayer recibió la «visita» de los agentes del grupo de delitos contra la administración de la unidad central operativa de la Guardia Civil (UCO) que registraron su vivienda, aunque no llegaron a detenerlo, según adelantó el periódico «El País» y ha podido confirmar Levante-EMV.

Castelló inició su carrera política en los 80 como concejal en la capital del mismo nombre para dar el salto a las Corts en los noventa, como cuota del líder provincial del PP y presidente de la diputación castellonense, Carlos Fabra. En el hemiciclo valenciano fue síndic portavoz del PP, en sustitución del mismo Zaplana cuando éste pasó a presidir la Generalitat en 1995. Cuatro años después Fernando Castelló fue nombrado consejero de Industria y Comercio, en sustitución de Diego Such. Bajo el mandato de Castelló se ejecutó la adjudicación del Plan Eólico Valenciano (tramitado y adjudicado entre 2001 y 2003) que es, precisamente, uno de los contratos bajo sospecha en el caso Erial, que investiga el presunto cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones del megacontrato eólico y de las concesiones de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en 1997. Castelló también acompañó a Zaplana en su periplo como ministro ya que éste lo nombró secretario de Estado de la Seguridad Social (2003-2004)

No ha sido la única réplica sísmica que ha tenido el caso Erial en las últimas horas. La nueva operación policial decidida por la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València también provocó la detención de un empresario, del que no trascendió su identidad, que está previsto que pase hoy a disposición judicial. El dispositivo policial también incluyó registros en València, Madrid y otras ciudades. Un nuevo impulso a la investigación que se enmarca dentro de la nueva pieza declarada secreta por la magistrada de Instrucción a finales del mes de junio. Unas pesquisas que se declararon secretas (por lo que ningún investigado puede acceder a los movimientos de la UCO, la jueza y el fiscal anticorrupción) tras recibir los investigadores varios informes de la UCO sobre la presunta actividad delictiva que los investigadores atribuyen al exdirigente del PP y exministro de José M. Aznar.

Por último, la Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición de Zaplana para que se le exima de acudir a firmar semanalmente al Juzgado de Guardia al ser persona de riesgo de contagio de la covid-19, debido a la leucemia que sufrió. La titular del Juzgado de Instrucción 8 aún no se ha pronunciado al respecto.