Una copia del protocolo de empadronamiento en situaciones especiales del año 2017 y la fecha de entrada en vigor y el número de solicitudes de empadronamiento especial presentadas desde el 24 de marzo de 2015 hasta la actualidad. Estos son algunos de los documentos que le ha requerido el Síndic de Greuges al Ayuntamiento de València tras abrir una investigación que clarifique si los consistorios permiten el empadronamiento especial (poder empadronarse en un banco del parque, por ejemplo) tal como indica el Gobierno, o si, por el contrario, no realizan la gestión, que es lo que aseguran las 24 entidades sociales que presentaron una queja oficial al Síndic a la que se han adherido 5 asociaciones más documentando casos concretos.
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Y es que la normativa está pero las entidades aseguran que su incumplimiento es «una realidad» y que «se trata de voluntad política». «Las dificultades de todo tipo a las que se enfrentan las personas migrantes para lograr empadronarse en los municipios valencianos donde residen les impiden el acceso a derechos básicos como el bono social de la empresa municipal de transportes, el acceso a viviendas municipales, al alquiler, a alimentos, a prestaciones por dependencia, etc, tampoco pueden participar en programas de inserción laboral o formación; ni acceder a la sanidad, a la educación públicas o a la nueva Renta Valenciana de Inclusión, por no decir que estar registrado en el padrón es clave para obtener el permiso de residencia por arraigo social», afirma el escrito presentado ante el Síndic por Valencia Acoge en representación del resto de entidades sociales. El padrón es la puerta de entrada a las ayudas. Sin un certificado de empadronamiento no hay nada.
Sin padrón, la nada
Sin padrón no hay tarjeta sanitaria ni acceso a prestación alguna ya que es la manera de «comprobar» que el usuario vive en la ciudad o autonomía que gestiona esa ayuda u otra ya que todo pasa por los servicios sociales.
Las personas migrantes recurren al procedimiento especial de empadronamiento porque están en situación de calle, no disponen de contrato de alquiler, el dueño o compañero de vivienda se niega a acreditar su residencia, solo ocupan una habitación o porque sus documentos de identificación están caducados. En esos casos, debe acudir al centro municipal de servicios sociales que le corresponda y entonces, en lugar de avanzar, comienzan los problemas. Así, la normativa que permite el empadronamiento «donde sea» no se cumple. Las entidades presentan la documentación de varios casos.