Aunque ahora la mayor parte de los contagiados por covid sean personas jóvenes y asintomáticas o con dolencias leves, la primera oleada del virus provocó un auténtico tsunami en las residencias de ancianos. Unos centros que, antes de la pandemia, ya padecían escasez de medios, falta de personal médico y precariedad laboral, lo que ha contribuido a que el coronavirus se haya cobrado la vida de al menos 27.359 personas. Al menos, porque el Gobierno no ha publicado la cifra de fallecidos en los geriátricos, pese a haberse comprometido a ello, con el argumento de que la información que le han enviado las comunidades autónomas es endeble y no homogénea.
Si bien, un documento interno que ha trascendido cifra en 27.359 los fallecidos en residencias hasta el 21 de junio, 9.003 con un test de diagnóstico que certificaba que padecían covid-19 y el resto sin test, por lo que no figuran en los 28.426 fallecidos de todas las edades recogidos en la estadística oficial.. Solo en Cataluña, por ejemplo, en las residencias han muerto 4.116 ancianos, entre los 12.652 fallecidos con covid-19 o síntomas compatibles desde el inicio.
La no derivación
Una de las primeras personas en dar la voz de alarma fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien reveló que el Ejército había encontrado fallecidos conviviendo con otros residentes y, ante las posibles negligencias, la investigación judicial ha recaído en la fiscalía, que ha abierto hasta el 15 de julio 227 investigaciones penales en toda España que podrían conllevar acusaciones por homicidio imprudente. En este contexto, y ante las demandas de familiares de los fallecidos, es probable que la fiscalía tope con el problema de decidir si fue legal el triaje que llevaron a cabo muchos hospitales, que en los momentos de mayor colapso rechazaban que les derivaran los ancianos de los geriátricos.
