El juzgado de lo Social número 7 de Valencia ha reconocido que los contratos temporales de cuatro trabajadores del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IISLa Fe) se habían realizado «en fraude de ley» ya que su labor no estaba vinculada a ningún proyecto de duración determinada sino que se dedicaban a tareas «estructurales» de la fundación, por lo que su relación contractual debe pasar a ser de «indefinido no fijo».

Desde el comité estiman que habrían recurrido a los tribunales «cerca de 60 empleados», casi la totalidad de los señalados por la Inspección de Trabajo como contratados por la entidad pública en «fraude de ley». Según la resolución emitida por Trabajo en abril del año pasado, el instituto dependiente de la Conselleria de Sanidad estaba replicando en este personal la forma de contratación de los investigadores (de duración determinada de tres años y ligados siempre a un proyecto concreto) y que sí se permite para esos casos pero no para otro tipo de puestos.

Según el informe inicial de la Inspección de Trabajo, al menos 62 de los 331 de la fundación estaban, de esta forma, «abiertamente contratados en fraude de ley».

Se constata el fraude

En la sentencia, el juzgado recuerda las conclusiones de este informe y está de acuerdo en que estos empleados prestan sus servicios «en áreas de gestión» que conforman la «estructura necesaria» para que funcione el IIS LaFe, y ofrecen servicios comunes al medio centenar de equipos investigadores que sí están ligados a un proyecto en concreto pero«nunca los han prestado en un proyecto específico de investigación científica o técnica que justificase la contratación temporal».

El juzgado concluye que, tras la «constatación del fraude», se debe reconocer «el carácter indefinido de los contratos de trabajo» de estos cuatro empleados.

Solo estos trabajadores con sentencia favorable han sido readmitidos o bien su relación contractual ha cambiado ya que, según advirtieron en su día los gestores del instituto público de investigación, hasta que no mediara una resolución judicial no se iban a convertir los contratos a indefinidos. Desde Sanidad se anunció que se iba a hacer, sin embargo, el esfuerzo de ir ampliando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) paulatinamente para consolidar la creación de nuevas plazas, pues solo hay 11 creadas de los 62 puestos cubiertos de trabajo estructural.

La «segunda batalla» que quedará tras la reincorporación de los trabajadores o su reconversión a indefinidos será que se les equipare a la categoría profesional que les correspondería si fueran funcionarios. Desde el comité de empresa han criticado que, de hecho, «a ninguno de los que han ganado por ahora se les ha equiparado el sueldo con lo que le tocaría a misma categoría profesional», apuntó Hervás.

Retraso en los juicios

Las primeras resoluciones se están conociendo casi un año después de que los trabajadores recurrieran a la justicia pero el grueso de sentencias aún tardará en llegar. El motivo, según apuntaron desde el comité de empresa, es que la crisis de la covid-19 ha obligado a retrasar muchos de los juicios ya señalados «y hay compañeros que tenían el juicio ahora y se lo han retrasado incluso hasta noviembre de 2021».