El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, confía en que las autoridades educativas y sanitarias alcancen esta semana un pacto para establecer unas medidas comunes que sirvan para garantizar un inicio de curso escolar «seguro y homogéneo» en todo el territorio. En su opinión, «las niñas y niños de este país necesitan volver a la escuela y las administraciones tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que este regreso se realice en condiciones de seguridad para alumnos y docentes», informó la institución en un comunicado.
El Defensor es consciente del difícil contexto en el que tiene que iniciarse el nuevo curso escolar pero insiste en la necesidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación de todos los niños y niñas y dotar de seguridad a los docentes para que puedan desarrollar su «imprescindible» labor pedagógica. También ha pedido pautas claras para que las madres y padres sepan cómo actuar en este «incierto» inicio de curso escolar y recuerda que muchas familias no podrán retomar sus trabajos con normalidad si no se garantiza la apertura de los centros educativos.
La institución ya inició en junio pasado actuaciones de oficio con todas las consejerías autonómicas y con el Ministerio de Educación para conocer sus planes y protocolos de cara al nuevo curso escolar. En concreto, pidió información sobre posibles obras de ampliación o reforma de las instalaciones escolares, propuestas para la distribución de los alumnos en centros y aulas y medidas relativas a la dotación de personal docente y no docente.
Por su parte, Save the Children ha pedido al Gobierno y a los líderes autonómicos que asistirán mañana a la Conferencia Sectorial de Educación que acuerden un mínimo de presencialidad en todas las comunidades autónomas para incluir a Infantil y Primaria, al alumnado socialmente vulnerable o con necesidad de apoyo educativo y a los centros educativos de alta complejidad. La ONG insiste en que la edad de los niños no puede ser el único criterio de priorización e insta a que se aplique una perspectiva de equidad que tenga en cuenta las diferentes necesidades que tiene el alumnado.
En este sentido, propone la creación de espacios de estudio tutorizados en los centros educativos o en instalaciones cercanas a los mismos.
