Dos años y dos semanas de espera de la Renta Valenciana de Inclusión

Como el de Lorena hay muchos más casos (personas detrás de los números) que denuncian retrasos en la prestación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), una ayuda que garantiza un ingreso económico mínimo a todos los valencianos en situación de vulnerabilidad. Una ley magnífica en teoría pero que hace aguas en la práctica.

Está previsto que se destinen 229 millones de euros para esta ayuda que ya ha beneficiado a 55.000 personas (diez mil más que el año anterior). Además, como novedad este año entra en juego el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación muy similar que otorga el Estado y que complementará a la Renta Valenciana. Una situación que ha provocado que algunos beneficiarios recibieran las dos ayudas al mismo tiempo y tuvieran que devolver una, como reprochó la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, cuando se rechazó la posibilidad de que la Generalitat gestionara el ingreso. Pero no es ese el único problema que se está presentando para las familias vulnerables. El sindicato CSIF ya denunció las cortas plantillas que existen en Servicios Sociales y que podrían colapsar la administración ante el «aluvión» de solicitudes, que en muchos casos se presentan por duplicado y hacen de la tramitación del expediente una tarea especialmente compleja. La conselleria niega que exista un retraso en las ayudas por su parte, y achaca la lentitud de los trámites a los ayuntamientos. En total, la Renta Valenciana de Inclusión debe estar resuelta en un plazo de seis meses, tres para que los ayuntamientos notifiquen el caso a la Dirección Territorial y otros tres para que este organismo resuelva si concede o no la ayuda.

Atascada desde el principio

Pero las quejas sobre la efectividad de esta prestación no son nuevas. «Llevo dos años y dos semanas esperando para recibir la Renta Valenciana de Inclusión», asegura Isabel. Katerina lleva 17 meses, Emilio 14, Lorena otros 14. En el caso de Isabel, realizó la petición en la primera convocatoria que se lanzó de las ayudas, y después de muchas quejas ante el Síndic de Greuges (incluso actuaciones de oficio del propio organismo) no ha conseguido una resolución definitiva de su expediente. «Intenté que me dieran un certificado de silencio administrativo, pero no me dicen nada y se tiran la pelota los unos a los otros», denuncia.

Un ejemplo distinto es el de Emilio. Su familia fue uno de los pocos casos que fueron tramitados automáticamente por el ministerio para recibir el Ingreso Mínimo Vital. Llevaba 14 meses esperando la Renta Valenciana, una ayuda que ahora se le ha complementado con el subsidio que recibe del Estado. Son 774 euros al mes que le han cambiado la vida. Y eso que, con dos hijos a cargo, el dinero no le llega para grandes gastos. «El Ingreso Mínimo Vital te da para no pensar en cómo vas a pagar la comida de esta semana y comenzar a planificar a largo plazo. Ya no tienes que preocuparte de la leche para tus hijos, puedes tener una vida. Ahora me han dado tiempo para buscar algo estable, algo que me mantenga», relata.

Ana Aranda también ha superado el plazo para la RVI. «No me ha llegado y siempre me dicen que está en la Delegación Territorial, pero no la resuelven nunca. Siempre está ahí paralizada, siempre ponen excusas. Pero mi situación es límite porque estoy sin trabajo y sin ingresos teniendo que pagar alquiler y gastos», comenta. Tiene dos carreras y es la primera vez que solicita una ayuda. Asegura que la usará para reflotar su situación precaria y volver a trabajar.

Estabilidad es loque perdió Katerina en menos de un año de su vida. Ella espera la resolución de la Renta Valenciana desde hace 17 meses, también en Alicante, uno de los ayuntamientos que más tardan en tramitar los expedientes. Cuenta que es la primera vez en su vida que pide una ayuda del Estado. Ella y su marido trabajaban hasta el pasado año; en fábricas, de camarera, y hasta limpiando casas, cuando ambos cayeron en el paro. En febrero del año pasado reclamó la renta y, en diciembre, tras varios meses de impagos, escribió una solicitud para preguntar el estado de su trámite y en la que advertía que en enero sufriría un desahucio. No le llegó la ayuda, pero gracias a sus vecinas encontró un techo nuevo. «No puedo pagar ni 250 euros de alquiler más 60 euros de luz. Todos los meses estoy dando largas y tengo miedo de que nos vuelvan a tirar. Estamos al límite», advierte. «En el ayuntamiento me contestan que la resolución va lenta por la pandemia, pero en febrero del año pasado, cuando la presenté, no había covid», lamenta.