No hay Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para las personas migrantes en situación irregular o que solo dispongan del pasaporte. No hay ayuda posible porque el sistema informático no lo permite. El pasaporte no es un documento válido para poder tramitar la ayuda, al menos de momento. De esta manera, quien carece de DNI o NIE no puede acceder a la prestación y su solicitud se queda bloqueada en una especie de limbo que hay intención de resolver pero que no está solucionado.

Así lo explica la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en una respuesta al Síndic de Greuges quien le pidió explicaciones sobre el caso de un hombre (Ricardo Mederos) que lleva más de un año y medio esperando la RVI, tal como publicó Levante-EMV el pasado mes de junio y denunció València Acoge.

«Los equipos informáticos de la Generalitat junto con esta Dirección General (y en relación con el informe de la Intervención General de 25 de abril de 2019, que considera procedente el alta en Base de datos Corporativos de terceros extranjeros con residencia efectiva en la Comunitat Valenciana cuya identificación consista en un número de pasaporte) han ultimado una modificación del aplicativo informático que permitirá llevar a cabo la tramitación de las solicitudes de Renta Valenciana de Inclusión presentadas por personas extranjeras residentes con pasaporte», explican desde la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas.

Es decir, conocen el problema y aseguran que trabajan en la solución. Sin embargo, Levante-EMV ya publicó hace dos años la problemática -carecer de DNI y número de cuenta bancaria impide el acceso a las ayudas- y obtuvo la misma respuesta: el problema está en el aplicativo informático, que precisa una modificación al impedir el acceso a las ayudas a las personas migrantes en situación irregular, uno de los colectivos más vulnerables que el Botànic quería tener en cuenta.

Además, también negociaban entonces cómo resolver el escollo que supone tener un número de cuenta bancaria como requisito indispensable. Este problema también sigue sin resolverse.

La voluntad y el compromiso de incluir a las personas en situación administrativa irregular fue del Botànic I y se visibiliza en 2016, cuando la entonces directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando (ahora subdirectora general a la Entitat Valenciana del Habitatge tras ser destituida como secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales a finales del pasado mes de julio) expuso en este diario que la Generalitat Valenciana iba a trabajar, por primera vez, con las personas que se sitúan al margen del sistema. De hecho, Ferrando aseguró que «destinar dinero y trabajar en programas para erradicar la pobreza, sin tener en cuenta a las personas que viven al margen del sistema, no tiene sentido».

Por ello, pidió permiso a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Uafse), que es el organismo responsable de administrar los recursos procedentes del Fondo Social Europeo en España, para trabajar desde la Administración con personas en situación irregular. Y por ello, cuando se diseñó la renta de inclusión se flexibilizaron los requisitos para llegar a más personas y no dejar a nadie atrás.

De hecho, el único requisito para acceder a la RVI es residir un año en la Comunitat Valenciana (el empadronamiento también acarrea problemas) e ingresar menos de la cuantía que establece la renta. Sin embargo, que no se pueda tramitar la ayuda con el pasaporte anula la teoría.

Ricardo Mederos es ejemplo de que la RVI no llega a quien precisa de ayuda con urgencia porque solo tiene un pasaporte como documentación. La solicitó el 14 de febrero de 2019 y casi un año y medio después no sabía nada de la prestación.

El hombre tiene 66 años, lleva 18 en València y cuando le falló el empleo se quedó sin poder renovar su permiso de residencia. Consiguió empadronarse en casa de un amigo y logró que una entidad bancaria le abriera una cuenta con el pasaporte, algo parecido a un «milagro» o, según las entidades sociales, la «excepción que confirma la regla». Cuando consiguió reunir todo lo requerido, presentó una solicitud de la que no ha obtenido respuesta ni ingresos.

València Acoge denunció su caso al Síndic de Greuges, quien le pidió explicaciones a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ahora, el departamento responde al Síndic que la solicitud «fue grabada en la aplicación que sirve de gestión y tramitación de la RVI en fecha 13 de febrero de 2019.

El informe-propuesta de resolución, en sentido favorable fue remitido a la Dirección Territorial de Valencia, órgano competente para dictar resolución, en fecha 24 de mayo de 2019». Y ahí está el expediente, bloqueado desde hace más de un año.

La conselleria, sin embargo, asegura que ya trabaja en «modificar el aplicativo informático» y que «ya se han realizado las actuaciones pertinentes con los órganos de fiscalización dependientes de la Conselleria de Hacienda para que se pueda proceder a dar de alta en dicha base a las personas identificadas con pasaporte, y así poder continuar con la tramitación y resolución de dichas solicitudes. Por lo que actualmente ya se han iniciado las actuaciones para proceder a dar de alta los modelos de domiciliación bancaria de las solicitudes presentadas por personas residentes con pasaporte como único documento acreditativo».