El consejo rector de À Punt acordó ayer por mayoría recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que ha anulado el nombramiento en 2017 de Empar Marco como directora de la radiotelevisión pública.

La votación, sin embargo, generó división en el seno del órgano de gestión. Su presidente, Enrique Soriano, se mostró contrario a continuar con la defensa por vía judicial y, con argumentos jurídicos (es doctor en Derecho y letrado de las Corts), intentó convencer a los consejeros de que el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no va a tener ninguna incidencia en el funcionamiento del ente ni en la elección de Alfred Costa, que sucedió a Marco hace seis meses en la dirección de la cadena.

El representante en el consejo a propuesta del PP, Vicente Cutanda, tampoco votó a favor del recurso de casación, cuya presentación, en cualquier caso, depende del criterio que adopte la Abogacía de la Generalitat una vez estudie la conveniencia de impugnar la sentencia del TSJ en función de las posibilidades reales de que pueda revocarse.

Por otra parte, la comisión de seguimiento y control de À Punt se saldó ayer sin novedades significativas respecto a la actualización del contrato programa que caduca este año. A la espera de conocer si el Consell atiende el aumento presupuestario y la flexibilización de los objetivos que demanda la radiotelevisión para 2021, el debate sobre los cambios en el citado contrato se ha aparcado hasta noviembre, cuando debería estar listo el borrador. A la sesión de ayer se incorporaron por primera vez la nueva secretaria autonómica de Comunicación, Beatriz Gallardo, y el nuevo director general de relaciones Informativas de la Generalitat, Pere Rostoll.

Otro de los frentes abiertos en À Punt es el del personal. Hoy caduca el plazo dado por la dirección de la cadena para negociar la relación de puestos de trabajo y la oferta pública de empleo del grueso de la plantilla y no hay acuerdo a la vista con los sindicatos. El comité de empresa considera que la última propuesta de la sociedad es «muy lesiva para los trabajadores» y «abre la puerta a la precarización laboral y a la externalización de una parte de la plantilla», con la sombra de los recortes planeando en el ambiente.

Los sindicatos cuestionan la unificación de categorías planteada porque, a su juicio, ampliará el abanico de funciones de los periodistas, al exigirles conocimientos como operadores de cámara en las oposiciones pese a la diferenciación de Periodismo y Comunicación Audiovisual en los planes de estudio. Fuentes sindicales piden más tiempo para negociar y esperan que el consejo rector tumbe la propuesta.