La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, apuntó ayer que la empresa Domus Vi-que gestiona una residencia en Llíria donde recientemente Fiscalía ha mandado al juzgado unas diligencias al ver posible delito contra la integridad moral en el trato dispensado a varios ancianos- «ha tenido varios problemas» en diferentes centros y ha destacado que el departamento que dirige «ha llegado donde ha podido llegar el derecho administrativo sancionador».

«Cuando ya se traspasa el ilícito penal, ya son la Fiscalía y los tribunales los que han de actuar», indicó Oltra en atención a los medios de comunicación. Al respecto del centro de Llíria, la titular de Igualdad ha subrayado que se les impuso «la sanción más alta jamás puesta por esta conselleria» con 174.000 euros después de cuatro inspecciones en 2019.

«La fiscalía va por su camino, nosotros hemos llegado donde hemos podido llegar», indicó la vicepresidenta del Consell, aunque comentó que «no hay novedades reseñables».

También se refirió Oltra a la situación de la residencia Savia de El Puig de Santa Maria, donde se ha detectado un brote de coronavirus que afecta a cerca de un centenar de usuarios y a una treintena de trabajadores. La vicepresidenta defendió que es «fundamental» la investigación cuando un brote se extiende tanto en un centro para discernir «donde se ha dejado de aplicar el protocolo o dónde no ha funcionado».

Preguntada sobre unas quejas de familiares respecto a la falta de información sobre el estado de salud de sus mayores, Oltra recordó que la dirección del centro tiene «la obligación de informar sobre el estado de salud del familiar».

«En caso de que no se les dé, se podrá presentar queja y nosotros actuaremos. Tienen obligación no solo de comunicar el estado de salud, sino de hacer que se puedan comunicar con la familia. Esto no es algo potestativo, es obligado», manifestó.

La directora asistencial de Domus Vi, Fini Pérez, aseguró ayer que pone «la mano en el fuego» por la «mayoría» de sus trabajadores y por su «buen hacer». «Cuando uno cree que se están vulnerando derechos de un colectivo, lo que debería de hacer es informar inmediatamente a las personas que dirigen esa residencia», afirmó Pérez.