Los ayuntamientos podrán exigir el requisito lingüístico a secretarios e interventores

Fuentes del departamento que dirige Gabriela Bravo indicaron que la idea es que a los futuros aspirantes a una plaza médica se les exija el mínimo de competencia lingüística, es decir, el equivalente al antiguo nivel de elemental.

Esta es al menos la propuesta que defenderá Función Pública cuando tenga que negociar con la Conselleria de Educación. Además, se plantean otras opciones para aliviar a quienes optan procedentes de otras comunidades como una moratoria para acreditar el valenciano. Lo que no habrá ya es un dispensa al personal médico en situaciones excepcionales. La conselleria eliminó esta cláusula (en su momento pactada con sindicatos) ante las dudas jurídicas. Con todo, la conselleria defiende que el reglamento da más margen y permitirá exceptuar el requisito en algunos puestos.

En todo caso, hasta que no haya reglamento, no se aplicará el requisito, por lo que aunque la ley entre en vigor las oposiciones que se convoquen seguirán como hasta ahora: el valenciano será un mérito, pero no un requisito previo. El reglamento debería estar en seis meses, pero todo depende del tiempo que tarden los socios del Botànic en ponerse de acuerdo. Casi cuatro han tardado en consensuar la ley.

Un acuerdo plenario será suficiente para que los ayuntamientos y las diputaciones puedan exigir el requisito lingüístico en los procesos de cobertura de las plazas reservadas al personal funcionario con rango estatal, responsable de las labores de control y fiscalización en las entidades locales. Así lo estipula un nuevo decreto diseñado por el área de Presidencia -en fase de información pública- que regula las competencias de la Generalitat relativas al cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros con habilitación nacional.

El texto pone negro sobre blanco los criterios bajo los cuales los consistorios pueden introducir el conocimiento del valenciano como condición previa para superar las oposiciones de acceso a los puestos más importantes y mejor retribuidos del organigrama municipal.

La primera opción pasa por que las corporaciones incluyan en sus relaciones de puestos de trabajo (RPT) el nivel de conocimiento del idioma valenciano hasta el nivel C1 o equivalente (el antiguo Mitjà) como requisito para ocupar dichas plazas. En ausencia del documento, sin embargo, los gobiernos municipales puedan sacar adelante el requisito lingüístico a través de un acuerdo plenario.

La diferencia es que la RPT ha de negociarse obligatoriamente con los sindicatos. La resolución, en cualquier caso, deberá ser validada por la Dirección General de Administración Local de la Generalitat.

El borrador del decreto -en fase de tramitación- actualiza la normativa y la adapta al nuevo marco regulador estatal y autonómico en materia de personal funcionario estatal. La regulación del requisito lingüístico ha sido tradicionalmente objeto de controversia tanto en el ámbito político como en el sindical, como esta misma semana se ha demostrado en las Corts durante el debate de la Ley de Función Pública, que introduce la capacitación de la lengua como exigencia previa para el acceso a cualquier plaza pública. Una medida contra la que ha hecho campaña la oposición al Botànic.

A la espera de que se negocie el reglamento que debería definir cómo se aplicará el requisito en cada estamento de la Generalitat (en función del nivel de competencia lingüística exigido), el proyecto inicial aprobado en febrero no aclaraba los plazos y procedimientos para su implantación en los consistorios. Los sindicatos advirtieron sobre esta circunstancia por el temor a que se generara una disparidad de criterios.

En principio, en virtud del decreto que regula a los funcionarios con habilitación nacional, las corporaciones gobernadas por el PP o Ciudadanos (partidos contrarios al requisito) o aquellas situadas en territorios castellanohablantes no tendrán por qué exigir la capacitación en los procesos de cobertura de plazas. En cualquier caso, el grado de conocimiento del valenciano de los aspirantes añadirá puntos (hasta 0,75) en la valoración de méritos de las oposiciones.

Respecto a la normativa anterior, el decreto incorpora un nuevo capítulo específico que obliga a las diputaciones provinciales a garantizar la prestación de los servicios de secretaría, intervención, tesorería y recaudación en los municipios con población inferior a 1.000 habitantes recurriendo a su sistema de asistencia técnica y cooperación. Los ayuntamientos con población inferior a 500 habitantes y presupuesto de menos de 200.000 euros podrán quedar eximidos de la obligación de crear o mantener estas plazas y acudir a las diputaciones para que las cubran.

Esta obligación podría abrir un nuevo frente con la Diputación de Alicante, en permanente guerra contra el Consell por inmiscuirse en las competencias provinciales. En virtud del texto, las corporaciones provinciales deberán incluir en sus plantillas los puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación nacional necesarios para asegurar la prestación de esas funciones en los consistorios eximidos, echando mano de sus servicios de asistencia técnica.

Para garantizar el ejercicio de estas funciones, las diputaciones podrán recurrir al sistema de comisión de servicios «siempre por el tiempo imprescindible», por un máximo de dos años. Recientemente, el Supremo obligó a los consistorios a cubrir las plazas de tesorería con funcionarios de rango estatal.

El decreto busca evitar la dispersión de normas y favorecer «una gestión más eficaz» de la administración pública. La norma también abre la puerta a la creación discrecional de puestos de colaboración reservados a habilitados nacionales y regula la provisión de puestos por libre designación «de manera excepcional».