Han pasado dos semanas desde que las 38 familias que habitan en un edificio de La Pobla de Vallbona en la calle San Sebastián supieran que el 9 de diciembre tenían que abandonar su casa. Desde entonces han movido cielo y tierra, junto a la PAH, con el objetivo de paralizar la orden de alzamiento y ganar algo de tiempo para encontrar una alternativa habitacional, en lo que ya están trabajando tanto el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona como la Conselleria de Vivienda.

Según informó la directora general de Emergencia Habitacional, Puri Peris, ayer se produjo una reunión entre el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, la conselleria y las dos entidades que gestionan este edificio: Divarian, donde el banco que embargó este inmueble tiene participaciones, y Haya Real State. La reunión a tres bandas sirvió para analizar la situación y tratar de demostrar a ambas mercantiles que se debe suspender este desahucio. Buena parte de los inquilinos cuentan con informes de vulnerabilidad, que ayer se entregaron a ambas gestoras inmobiliarias y según Peris, «nos dirán algo el jueves».

A la espera de ver cómo reaccionan ambas empresas y sin la intención del juzgado de paralizar este desahucio antes del día señalado, las 38 familias y la PAH se manifestaron en la mañana de ayer en el centro de València. El último punto del recorrido fue la sede de la entidad bancaria a la que pertenece el edificio, pero no fueron atendidos. «No quieren vernos, estamos intentando que suban dos personas y nada, ni siquiera nos cogen el teléfono», lamentaba Neli Dasay, una de las inquilinas de estas viviendas.

Su caso es paradigmático porque tiene un contrato de arrendamiento firmado en 2015. Un año y medio después, fue la Policía Local la que le advirtió que el edificio ya no era del particular que lo había construido sino que le había sido embargado. «Fui al banco a decirles que le pagábamos a ellos el alquiler, pero nada», explica. Este pasado mes de agosto venció el contrato, firmado para 5 años, pero no tiene validez porque nunca pasó por el PROP. Neli, además, es un perfil vulnerable porque una de sus hijas tiene una discapacidad del 48 % que le hace ser dependiente.

Madre e hija en el mismo edificio

Como Neli, Magdalena también cuenta con un contrato que de nada sirve. «Estoy desesperada, hemos sido estafados y el día 9 cuando nos echen no tendremos a dónde ir», explica. No puede irse a casa de ningún familiar porque su madre vive en el mismo edificio, por lo que se quedan, literalmente, en la calle.

Otro de los puntos donde la manifestación hizo una parada fue en la sede del PSPV. Allí fueron atendidos por el secretario de organización, José Muñoz, por la portavoz de Vivienda en Les Corts, Sabina Escrig, el diputado por València en el Congreso, Vicent Sarriá, el director general de la EVha, Alberto Aznar y la secretaria de Vivienda del PSPV, Marta Trenzano. Muñoz reafirmó el compromiso de la Generalitat «para evitar que personas vulnerables sean desahuciadas de sus casas», y ha añadido que «se han incrementado las partidas presupuestarias para aumentar la vivienda pública».