La sección cuarta de la Audiencia de València ha frenado en seco la iniciativa de cinco de los dieciséis investigados en el caso Alquería para intentar archivar la causa. El auto de los magistrados de la sección cuarta, que no es recurrible, aboca al juicio a los exaltos cargos de Divalterra y la Diputación de València por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la contratación de diez altos cargos en la empresa pública dependiente de la institución provincial.
El último intento para archivar la causa lo ha capitaneado la exgerente Agustina Brines, quien recurrió ante la Audiencia de València la negativa del Juzgado de Instrucción 9 a sobreseer la causa, en un auto del11 de noviembre. A este recurso se sumaron otros cuatro investigados, entre ellos el alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.
Brines alegaba en su recurso que procedía archivar la causa contra ella porque «como gestora de Divalterra simplemente pretendió dar respuesta a una situación de necesidad y excepcionalidad en la empresa, optando por un sistema contractual de selección de cargos de alta dirección, basados en la confianza, a los que se fijaban salarios que no estima desorbitados, sino proporcionados a los habituales en Imelsa e incluso por debajo de lo procedente».
Unos contratos realizados «con la mayor naturalidad y transparencia y para el máximo beneficio de la empresa». Y concluía la exgerente de Divalterra que, «si falló algún requisito legal, fue por puro error procedimental involuntario, que no trasciende el ámbito administrativo, apelando al principio de de intervención mínima del ordenamiento penal» y también a su «buen hacer de cogestora en el ámbito del control de la contratación menor y de las licitaciones públicas».
Aunque los tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València que han analizado el recurso rechazan de plano estos argumentos. «Contrariamente a lo que se alega, lo cierto es que Agustina Brines aparece, a los efectos de esta resolución, como una de las principales artífices del sistema corrupto de nombramientos que se está investigando, siendo cogerente de Divalterra, antes Imelsa», apunta el auto de la Audiencia de València. Y señalan que sus «alegaciones autodefensivas, acreditados los pilares de cargo principales, deberán canalizarse en el futuro juicio oral» al que ya queda abocado el caso Alquería tras fracasar este último intento para archivar la causa.
Los magistrados de la sección cuarta añaden, además, que «los hechos denunciados son de gravedad, constitutivos de delito, y tanto las acusaciones como el instructor no sólo estiman que existen indicios racionales de criminalidad, sino que hay que estar al pleno resultado de las diligencias de instrucción».
La sección cuarta avala así los argumentos del titular del Juzgado de Instrucción 9 quien consideraba prematuro archivar la causa, como solicitaban doce de los dieciséis investigados, porque «las diligencias de investigación practicadas hasta el momento, se encuentran en un momento avanzado de la investigación si bien no finalizadas, debiendo ser en todo caso objeto aún de estudio y valoración por el instructor».
