Función Pública comunicó ayer a los representantes de los sindicatos la intención de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de remitir al Consell Jurídic Consultiu (CJC) el proyecto de decreto sobre teletrabajo sin incorporar ninguna modificación de calado a pesar de las pegas del informe de la Abogacía de la Generalitat.
Los sindicatos, reunidos ayer en una mesa de negociación, reiteraron a la conselleria su propuesta de renegociar la norma habida de cuenta del varapalo del informe jurídico que cuestiona de arriba a abajo el articulado y partes claves del proyecto. Pero la respuesta fue no.
La conselleria que dirige Gabriela Bravo ya advirtió cuando trascendió el contenido del informe de la Abogacía de que no frenaría la tramitación y deslizó su malestar con este documento al entender que muchas de las observaciones formuladas tenían un base más política que jurídica. No obstante, este departamento indicó que la Dirección General de Función Pública realizaría un informe donde presentaría sus propias alegaciones y estudiaría las pegas jurídicas. Fuentes sindicales indicaron ayer que Función Pública confirmó ayer la negativa de la conselleria a rehacer el informe. Y no solo eso.
El texto será remitido al Consell Jurídic tal cual llegó a la Abogacía de la Generalitat, es decir, sin incorporar cambios sustanciales. Cabe apuntar que el informe del letrado de la Generalitat no tiene carácter vinculante, aunque da alas a quienes internamente se han opuesta a esta forma de regular el teletrabajo en la Generalitat, al considerarla excesivamente restrictiva.
La conselleria deja en manos del Consell Jurídic Consultiu el futuro de este proyecto que ha acabado siendo uno de los más conflictivos del departamento de Gabriela Bravo. Los informes del CJC tampoco son vinculantes, si bien su observaciones esenciales suelen ser incorporadas por los diferentes conselleries ya que son garantía de seguridad jurídica.
Solo retoques puntuales, pero no del modelo
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas precisó ayer que el texto del proyecto de decreto solo incorporará modificaciones puntuales, pero no cambios sustanciales que afecten al modelo de teletrabajo cuestionado por la Abogacía. Cabe recordar que el informe jurídico planteaba una revisión a fondo ya que cuestionaba una regulación basada en programas de teletrabajo y instaba a regular el trabajo telemático como un derecho individual de cada funcionaria o funcionario. Justicia también ha rechazado volver a convocar a los sindicatos, tal como había reclamado UGT y CSIF.
