El saqueo de 23,5 millones de fondos públicos de la depuradora de Pinedo, gestionada por la Empresa metropolitana de aguas residuales de València SA (Emarsa) y confirmado por el Tribunal Supremo aún tiene réplicas judiciales. La última decisión judicial se conoció ayer con la condena del Juzgado de lo Penal 6 de València a dos exresponsables de Emarsa y un empresario a cuatro años de cárcel cada uno por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública.
La sentencia declara probado que el ex consejero delegado y gerente de Emarsa, Enrique Crespo y Esteban Cuesta, respectivamente, se concertaron con el administrador de diversas mercantiles, Jorge Ignacio Roca, para defraudar a Hacienda un total de 1.395.798 euros mediante devoluciones indebidas de IVA durante los ejercicios tributarios 2006, 2007, 2008 y 2009. Los tres se encuentran en prisión desde mediados de noviembre junto a otros ocho condenados (de un total de 24).
Gravamen del 16 %
La magistrada titular del Juzgado de lo Penal 6 considera probado «el mecanismo defraudatorio empleado» por los tres condenados que consistió en «interponer entre Emarsa y varias mercantiles proveedoras del servicio de gestión de residuos un nivel de facturación intermedio que permitía incrementar artificiosamente el precio facturado por dicha gestión, aplicándole a la base imponible un gravamen del 16 % cuando a dicha actividad correspondía el 7 %».
Una facturación intermedia realizada por tres empresas administradas por Roca Samper, Erwinin SL, Zonday Investments SL y Printergreen SL. Y que los otros dos condenados, gestores de Emarsa, «incluían esas facturas en las declaraciones mensuales y anuales de IVA con pleno conocimiento de que dicho proveedor no había prestado servicio alguno a Emarsa» y de que el servicio contemplado en esos documentos «estaba siendo prestado por otra empresa a la mitad de precio y con un tipo de gravamen inferior», añade el fallo del Juzgado de lo Penal 6.
Los tres se enfrentaban a penas de catorce años de prisión por los cuatro delitos contra la Hacienda Pública, según solicitaba la Fiscalía de València. Aunque la magistrada aprecia en esta causa la atenuante de dilaciones indebidas por lo que impone a cada acusado, por cada uno de los cuatro delitos, un año de prisión, el pago de una multa y la pérdida durante tres años de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
La magistrada considera a Crespo y Cuesta autores de los cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a Roca Samper como cooperador necesario. Durante la vista, celebrada en la Ciudad de la Justicia, Crespo volvió a defender su inocencia, Cuesta se negó a declarar porque dijo que ya se autoinculpó y Roca admitió los hechos.
