Hasta 70.000 propuestas de sanción han interpuesto por incumplimiento de la normativa covid en la Comunitat Valenciana los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluídas las Policías Locales, desde el pasado mes de julio. Estas multas son, en la gran mayoría, por faltas leves relacionadas con el mal uso de la mascarilla. No obstante, también incluyen la sucesión de fiestas ilegales que se han celebrado en todo el territorio autonómico y donde se incluyen las del colegio mayor Galileo Galilei, donde la celebración desató un macrobrote de coronavirus que provocó la suspensión de las clases presenciales universitarias y las prácticas hospitalarias del alumnado de Ciencias de la Salud.
De ellas, 35.000 corresponden a la provincia de Valencia; alrededor de 25.000 a la de Alicante y unas 10.000 a la provincia de Castellón. La tramitación de estas propuestas de sanción a quienes han incumplido la normativa contra el coronavirus da prioridad a todas aquellas faltas más graves, que suponen un alto riesgo en la transmisión del virus. Sin embargo, la Administración está tramitando todas las sanciones interpuestas y ya se han cobrado 491.
Desde la entrada en vigor del decreto del régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas de prevención frente al Covid-19 el pasado 25 de julio se han iniciado un total de 3.003 expedientes sancionadores, de los cuales, 972 corresponden a la provincia de Alicante, 1.309 a la de Castellón y 478 a la de Valencia.
De estos 3.003 expedientes se han finalizado un total de 491 y, de estos, se han cobrado 454 (95 en la provincia de Alicante, 266 en la de Castellón y 73 en la de Valencia).
La totalidad de las infracciones graves y muy graves (61) ya han sido tramitadas pues las denuncias impuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tienen esta consideración son consideradas prioritarias y su tramitación es más rápida. Sin embargo, son las provocadas por incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma las que suponen el mayor volumen de expedientes.
Muchas multas, poco personal
El proceso de tramitación de multas está siendo menos rápido de lo habitual debido al 'tsunami' de propuestas de sanción al que se enfrenta un departamento cuyo personal está ajustado a la situación previa a la crisis sanitaria y donde, por motivos evidentes, el volumen de multas era infinitamente menor.
Esta falta de personal se produce porque el órgano sancionador ya no es el Estado (como lo fue en la primera ola hasta el fin del primer estado de alarma), sino la Generalitat Valenciana. En la Comunitat Valenciana, la expedición de las penalizaciones depende de la Conselleria de Justicia a través del Servicio de Espectáculos Públicos, que acostumbraba a encargarse de las sanciones a espectáculos, por lo que el evidente incremento de multas ha colapsado el mencionado departamento. Así, con la plantilla actual desbordada, la Conselleria de Justicia doblará el personal encargado de estas diligencias.
Este servicio estaba, hasta ahora, dimensionado para tramitar las posibles sanciones referidas a su ámbito de competencia (fiestas populares, locales de ocio con actuaciones en directo o espectáculos taurinos, entre otros). Este servicio, habitualmente, tramitaba entre 250 y 300 procedimientos sancionadores cada año antes de la irrupción del Covid.
Un plazo de un año para pagar
Desde el momento en el que los agentes levantan la propuesta de sanción, la Administración tiene un plazo de seis meses para notificarla (es decir, entregar la multa a quien corresponda). Una vez notificada, la persona que presuntamente ha incumplido las restricciones de coronavirus dispone de 10 días para recurrir la multa y la Administración goza de otros seis meses para aceptar o denegar el alegato.
En total, el proceso puede extenderse un máximo de un año y 10 días. Es un sistema más lento que el de la gestión de las multas de tráfico, ya que las diligencias de tráfico son mucho más comunes, por lo que se solventan de una forma más rápida.
El proceso de pago se acorta si la persona multada acepta el pago de la pena, de forma que, además, supone un descuento de hasta el 40% del importe de la multa por pronto pago.
