El Ministerio de Interior continuará poniendo multas y tramitando expedientes de expulsión a las personas extranjeras en situación irregular en España que acudan a comisaría a denunciar un delito. Tras varios escritos del Defensor del Pueblo, exigiendo que se tomen medidas para que cualquier presunta víctima pueda denunciar sin miedo a ser expulsada del territorio o sancionada, Interior decidió ayer no aceptar estas recomendaciones.
El caso de una mujer hondureña que acudió a la comisaría de Xirivella a denunciar una agresión y acabó detenida y con un expediente de expulsión fue el detonante que motivó la primera queja al Defensor, formulada por la asociación València Acull. A partir de aquí, esta institución redactó varias recomendaciones al ministerio de Grande-Marlaska incidiendo en lo mismo; esta actuación provoca un efecto disuasorio para algunas víctimas de delitos y constituye una «quiebra de la equidad que debe regir las relaciones en la Administración», señalan las recomendaciones.
Desde València Acull apuntan que «esta forma de actuar no solo provoca temor y desconfianza hacia quienes deberían velar por la seguridad de todas las personas, sino que genera indefensión en las víctimas, impunidad en los victimarios y obstaculiza el acceso a derechos».
El propio Defensor indica en sus recomendaciones que «el cumplimiento riguroso de la norma provoca situaciones injustas o perjudiciales para los administrados». Tras esta última recomendación y la negativa de Interior, el Defensor dio por finalizada la actuación, con lo que situaciones como las de la mujer hondureña pueden volver a ocurrir.
Desprotección de las víctimas
En el plano legal, la institución ha denunciado en varias ocasiones que estas actuaciones de la Policía incumplen el Estatuto de Víctima del delito y dice que es «cuestionable que el funcionario policial que recibe una denuncia y deba concentrar su atención en auxiliar a la víctima del delito, pueda realizar [...] indagaciones que permitan averiguar si esa víctima se encuentra o no en situación regular en España».
Desde 2004 esta institución reclama a Interior la protección de las víctimas de delito independientemente de su situación administrativa. El único progreso se realizó en 2009, cuando se aceptó (como excepción) las presuntas víctimas de violencia de género, razón por la cual la mujer hondureña no fue finalmente expulsada del territorio. En el resto de supuestos, los migrantes irregulares siguen corriendo el peligro de ser multados o expedientados al denunciar un delito en comisaría.
