La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas prepara un plan de choque para poder desatascar la tramitación de las alrededor de 76.000 propuestas de sanción que tienen que ser tramitadas por la Generalitat desde el Servicio de Espectáculos Públicos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.

Este plan de choque, cuyo objetivo es reforzar el servicio, contempla la externalización de parte de los trámites con el fin de aligerar una carga de trabajo que ha crecido exponencialmente desde que la conselleria que dirige Gabriela Bravo comenzó a gestionar las sanciones por incumplimiento de las restricciones por la covid-19. Esta externalización también se ha llevado a cabo en otras autonomías.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aprovechó una rueda de prensa para denunciar que la Generalitat no está resolviendo buena parte de las sanciones que la Policía Local impone a la ciudadanía por no respetar las medidas para frenar los contagios. La cuestión de fondo es que existe un colapso considerable que la conselleria no niega.

Fuentes del departamento que dirige Bravo indicaron que el servicio de espectáculos estaba dimensionado para tramitar posibles sanciones referidas a su ámbito de competencia, es decir, las fiestas populares, locales de ocio con actuaciones en directo o espectáculos taurinos, entre otros. Cuestiones que significaban una media de entre 250 y 300 procedimientos sancionadores cada año antes de la covid. Pero esta media se ha multiplicado.

Desde la entrada en vigor del decreto del régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas frente a la covid-19 el pasado 25 de julio, se han propuesto 76.000 sanciones y, de esta cantidad, se han iniciado 3.576 expedientes. Un trabajo considerable habida cuenta de donde se partía, pero insuficiente, ya que solo supone el 4,7 % de las propuestas de sanción. Además, de estos 3.576 expedientes, se han finalizado 610 y, de estos, se han cobrado 513. Solo el 0,6 % de las sanciones propuestas han derivado en multas ya cobradas.

Se han tramitado todas las graves

La conselleria precisó que la totalidad de las infracciones graves y muy graves (72) ya han sido tramitadas dado que las denuncias impuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tienen esta consideración son consideradas prioritarias y su tramitación es más rápida. Sin embargo, son las provocadas por incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado las que suponen el mayor volumen. Además, al margen de la necesidad de reforzar el servicio, el procedimiento administrativo impide que la tramitación sea veloz.

De hecho puede tardar hasta un año en resolverse ya que existe cuando se abre el expediente y se envía al presunto infractor un acuerdo de inicio y este puede no aceptarlo. Se abre un plazo de alegaciones y debe resolverse en seis meses. Esta decisión puede ser alegada de nuevo, para lo que se establece otro plazo de diez días, tras el cual la Administración debe decidir en seis meses. Además, existe la opción del recurso de reposición y los tribunales.