La Agencia Antifraude ha dicho basta. El responsable del organismos, Joan Llinares, acaba de enviar un escrito al presidente de las Corts, Enric Morera, (institución a la que está adscrita la agencia) para que ponga coto a la presión que sufre por parte de un grupo parlamentario que le pide continuamente datos sobre investigaciones que están en curso.
Llinares pone cinco ejemplos de peticiones de documentación que le han llegado en los últimos meses exigiéndole expedientes completos y toda la información de que disponga sobre investigaciones que están en trámite. Y todas las que cita son del PP.
El director de la agencia da un buen tirón de orejas a las diputadas que suscriben (Eva Ortiz o Elena Bastidas) a las que acusa de pretender «vulnerar» su independencia y de «confundir» la entidad con una conselleria más a las que, para ejercer su labor de control de la actividad del Consell, pueden preguntar o pedir la información que consideren.
Pero la agencia no es una conselleria, salta Llinares, que sostiene que las solicitudes de documentación que le hacen llegar continuamente «responden únicamente a intereses partidistas y de juego político respecto a los que la agencia es ajena totalmente», escribe. Y no acaba ahí el rapapolvo de la agencia, que desvela que le han llegado escritos poniéndole incluso plazos para que remita la documentación en 20 días. Llinares asegura que si les enviara la documentación que le reclaman, Antifraude se convertiría en una «mera gestoría u oficina privada para la obtención de documentos, indicios o elementos probatorios de la comisión de posibles irregularidades al servicio de los partidos políticos que persiguen unos réditos diferentes a la misión para la que fue creada la agencia», reprocha.
Además, esa forma de funcionar «altera gravemente» las fórmulas que la ley prevé para que la Agencia Antifraude dé cuenta a las Corts de sus actividades y que funcionan básicamente a través de la memoria anual de actuaciones y las comparecencias del propio Llinares en la comisión parlamentaria de Hacienda y Presupuestos.
Entre las peticiones de datos de los populares figuran documentos sobre investigaciones relacionadas con la Policía Local del Ayuntamiento de Torrevieja; el expediente de investigación abierto para averiguar si los fondos públicos dirigidos a financiar residencias de mayores se usaron de manera correcta durante la covid y copias de expedientes sobre subvenciones a las empresas Comunicacions dels Ports, Kriol o Canal Maestrat, además de que se les remita toda la información aportada por estas mercantiles.
Reglamento de las Corts
Añade el director de la Agencia Antifraude que como la cámara ha iniciado un proceso de revisión de su propio reglamento y para evitar futuras confusiones entre los diputados sería adecuada la inclusión en el artículo 12 de un párrafo de este tenor: «Los diputados y diputadas no podrán solicitar a la agencia Antifraude documentación e informes relativos a expedientes de investigación que se encuentran en tramitación».
De esa forma se evitaría que los diputados apelaran al artículo del reglamento de las Corts que les permite ejercer la función de control al Consell a través de preguntas y petición de documentación. Añade el director que está obligada a guardar secreto de sus indagaciones, a proteger los datos y a garantizar la presunción de inocencia de los investigados.
