El Tribunal de Cuentas ha admitido la acción pública planteada por el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, en la que denuncia que la corporación no ha facilitado los expedientes de contabilidad de los grupos políticos desde 2007 a 2015 y eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que se proponga un instructor.

La coalición sostiene que hay 446.000 euros del PP «sin acreditar» y que se habrían «desviado» fondos a una cuenta bancaria del partido en Murcia. Por contra, fuentes populares avanzan que presentarán un recurso y recalcan que el Tribunal de Cuentas «solo se pronuncia sobre la admisión de la acción pública al entender que se dan los requisitos formales de admisión, pero no entra sobre el fondo».

La resolución de la consejera de Cuentas argumenta que, de los antecedentes incorporados a las actuaciones, se desprende que los hechos «se refieren a una posible falta de justificación, por el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Alicante, de la legalidad del destino dado a los fondos recibidos que estaban sujetos a la finalidad prevista en el Reglamento de Dotación Económica a Grupos Políticos».

«Dado que constan los certificados emitidos por el gerente del Partido Popular de la Diputación de Alicante en los que se hace constar que las cantidades recibidas lo habían sido en concepto de aportación para la financiación de los gastos ordinarios del funcionamiento del partido» y que, dicha circunstancia, podría suponer, en opinión de Compromís, una desviación de fondos susceptible de generar el correspondiente procedimiento de reintegro, la consejera de cuentas entiende que «la presunta ilegalidad denunciada y el supuesto daño derivado de la misma deben ser objeto de investigación a través de la práctica de actuaciones previas».

Se da la circunstancia de que el Ministerio Fiscal se opuso a la admisión de la presente acción pública al entender que los hechos denunciados, en sí mismos, no dan lugar a responsabilidad contable, tal y como alega también el servicio jurídico de la institución provincial.

Tras conocer esta decisión, el grupo de Compromís en la Diputación de Alicante mostró ayer su satisfacción, al tiempo que denuncia «presiones» del presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, a su portavoz, Gerard Fullana, y a la figura del asesor jurídico de la coalición, Ximo Perles.