En el argot judicial existe la expresión «querella catalana» que define aquellos «montajes jurídicos» que buscan enmarañar procesos, adelantarse a acusaciones o crear revuelo procesal en la investigación de un caso.
En el caso Alquería, según el recurso de uno de los acusados, «tras el éxito entre los operadores jurídicos de la expresión ‘querella catalana’, podríamos acuñar la de denuncia valenciana’» que es, a juicio del letrado Manuel Mata, lo que ha sucedido en esta causa que investiga la presunta malversación y prevaricación de 1,2 millones de euros en la contratación de siete altos directivos en la empresa pública Divalterra.
El mismo letrado aclara por qué llega a esta conclusión. «La denuncia valenciana es aquella que formulan personas que flagrantemente incumplieron la ley, se asentaron en una empresa pública a la que accedieron por mecanismos perversos, cerraron los ojos a los desmanes producidos a fin de blindarse y consolidar su posición personal, pasando a ser ‘intocables’ por los nuevos responsables de la empresa».
El dardo jurídico va dirigido a los directores de los servicios jurídicos y del departamento financiero de Divalterra que presentaron la denuncia original, junto al consejero de Ciudadanos, que desató el caso Alquería. «Llama poderosamente la atención -asegura el recurso del letrado Mata- que gran parte del auto recurrido se basa en el testimonio de los denunciantes, que ostentaban los cargos de responsable de los servicios jurídicos y responsable de la administración, procedentes de la nefasta época anterior, contratatados por Marcos Benavent, a los que se fijó arbitrariamente unos emolumentos».
Cargos silenciados
Las defensas de los otros cuatro acusados también dirigen sus críticas hacia estos dos denunciantes originales. Entre ellos el del secretario letrado asesor de Divalterra investigado en esta causa, Jorge Cuerda, quien considera «una novela» que la instrucción lo considere el «factotum» de los hechos investigados. Cuerda señala que los dos directivos de Imelsa (después Divalterra) «silenciaron sus cargos en la empresa» en la denuncia que presentaron. «Alguna responsabilidad tendrían en que se produjeran y mantuvieran a lo largo de tres años las irregularidades que denuncian en 2018 y, sobre todo, tuvieron tiempo para expresar su opinión negativa al respecto, cosa que no sucedió».
Por último, la exgerente de Divalterra Agustina Brines alega en su recurso que se han conculcado sus derechos de defensa y la tutela judicial efectiva. Los cinco recurrentes solicitan al titular del Juzgado de Instrucción 9 el archivo de la causa.
