La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha solicitado a la Dirección General de Relaciones con las Corts el ingreso de los 649.611 euros que la Generalitat ha recuperado del caso Blasco para destinarlos a la ayuda internacional para el desarrollo.
El dinero proviene de la subasta de dos fincas que el exconseller de Solidaridad poseía en el término municipal de Alzira y que entregó al juzgado para resarcir una parte de la responsabilidad civil derivada del saqueo de los fondos del departamento que dirigió entre 2007 y 2011, según explica la responsable de este departamento, Rosa Pérez Garijo.
La conselleria basa su solicitud en lo previsto por la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible, donde se indica que los recursos destinados a la cooperación internacional podrán aumentarse con los ingresos obtenidos de la recuperación de activos según sentencias judiciales firmes.
La norma también prevé que estos ingresos generarán crédito en el presupuesto de la conselleria competente en la materia. Pérez Garijo asegura que la petición servirá para que los fondos públicos «vuelvan donde tienen que estar, que es en esta Conselleria, de donde fueron expoliados».
