El PP solicita 18 años de cárcel para el exvicepresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y para los exgerentes de Divalterra, Jose Ramón Tiller y Agustina Brines, procesados en el caso Alquería por malversación en la contratación de siete altos cargos para la empresa pública de la institución provincial. El PP en la Diputación de València también solicita la inhabilitación durante quince años de Jorge Rodríguez, actualmente alcalde del Ayuntamiento de Ontinyent, cargo que pretende mantener hasta el final de la legislatura, según confirmó a Levante-EMV.
Según el escrito de acusación del Partido Popular, que ejerce la acusación popular en la causa, al que ha tenido acceso Levante-EMV, los populares se adhieren a la tesis del juez y de la Fiscalía Anticorrupción que consideran que Rodríguez "una vez fue nombrado presidente de la diputación tras las elecciones de 25 de mayo de 2015 y presidente del consejo de administración de Imelsa, hoy Divalterra, organizó una distribución o reparto de áreas de la empresa pública, asignando en este irregular esquema un reparto de las áreas de gestión por afinidades políticas vinculadas al PSPV-PSOE y a Compromís y no por razones profesionales".
Los populares consideran que "para conseguir este objetivo, los acusados hicieron uso de un modelo organizado, en el que cada uno tenía una función determinada, siendo sin duda el cabecilla [Jorge] Rodríguez, quien daba órdenes precisas a los demás integrantes".
También considera que los nombramientos de alta dirección se hicieron "para que ocupen un cargo ficticio o simulado, sin funciones propias de la alta dirección en los términos legales y jurisprudenciales". De hecho, consideran, estos altos directivos "carecen de los necesarios poderes para el ejercicio de la alta dirección para la que habían sido contratados y de hecho nunca toman decisiones fundamentales o estratégicas con independencia de que exista un acto formal de apoderamiento".
Por ello, además de las condenas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, los populares también reclaman que Rodríguez y los otros catorce procesados por la supuesta contratación irregular de altos cargos vinculados al PSPV-PSOE y Compromís se hagan cargo de forma solidaria de una responsabilidad civil que asciende a 1.122.095,80 euros.
