La estafa informática acapara titulares en los últimos meses porque ha tenido víctimas «ilustres» entre varias empresas públicas de la Comunitat Valenciana, aunque estas son solo una pequeña parte de un colectivo de perjudicados a quienes estas infracciones suelen avergonzar por la aparente falta de vigilancia y control.

La cibercriminalidad es una de las formas de delincuencia que más crece en España, un 40 % en los últimos años, asociada al uso intensivo de las nuevas tecnologías, del comercio electrónico y los protocolos de comunicación y trabajo. La evolución es tanto cuantitativa como cualitativa, y si en 2016 la mayoría de la criminalidad informática estaba asociada a delitos contra el honor, de amenazas o coacciones y representaban el 4,6 % del total, en 2019 las variantes, las víctimas y los daños de los delitos informáticos habían aumentado notablemente y ya suponían el 9,9 % del total. Son datos del último Estudio sobre la Cibercriminalidad en España elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad. Según el Centro Criptológico Nacional, dentro de los métodos más usados por los ciberdelincuentes se encontrarían los vinculados a la propagación de código dañino a través de los correos electrónicos.

Pero también se ha generalizado el uso de ‘malware’ de ‘criptojacking’, se ha refinado extremadamente el ‘phishing’ -suplantación de identidad- para persuadir a los usuarios de la autenticidad de las estafas y se innova en otras plataformas de ciberdelito («Crime as a Service»). En los últimos meses este tipo de delitos ha ocupado portadas e informativos con asiduidad, ya que han sido varias las Administraciones víctimas: el Paacio de Congresos de València, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (Ivass) y especialmente la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València.

En 2019 se conocieron en España un total de 218.302 hechos relacionados con la delincuencia, un 35,8 % más que el año anterior, de los cuales el 88,1 % correspondió a fraudes informáticos (estafas) y el 5,9 % a amenazas y coacciones. Fueron Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana las autonomías que más denuncias por cibercriminalidad concentraron. El porcentaje de hechos delictivos esclarecidos este mismo ejercicio ascendió al 15,1 % del total, mientras que los detenidos e investigados alcanzaron la cifra de 8.914.