La pandemia provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto el déficit de infraestructuras sociales que sufre tanto la Comunitat Valenciana como España. Se han detectado carencias en infraestructuras sanitarias y socio sanitarias como las residencias de personas mayores. También necesidades en infraestructuras de transportes que garanticen la movilidad de proximidad a la ciudadanía de forma segura y eficiente. Y ha quedado patente la urgencia de afrontar los retos que plantea el cambio climático. 

Sin embargo, de esta profunda crisis sanitaria y económica en la que se han visto sumergidos los países de todo el mundo puede surgir una oportunidad para mejorar las carencias detectadas durante el último año y aprovecharla para afrontar los retos que la crisis climática planteará a la humanidad en las próximas décadas.

Sobre estas cuestiones se ha debatido en el encuentro telemático «Infraestructuras sociales en la Comunitat Valenciana. Una prioridad ante la crisis», organizado por Levante-EMV con el patrocinio de Acciona, en el que han participado el conseller de Política Territorial, Arcadi España; el catedrático de Economía y director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez; el director de Desarrollo de Negocio para España y Portugal del área de Construcción de Acciona, Alberto Royo; el socio responsable del sector de Infraestructuras en España de KPMG, Ovidio Turrado; y la socia directora de Broseta Abogados, Rosa Vidal. El periodista Julio Monreal ha actuado como moderador.

Los cinco ponentes coinciden en el diagnóstico inicial: Cabe mejorar las infraestructuras sociales que mejoran el día a día de todas las personas y, además, sumar el reto de la digitalización y la transición ecológica, tal como ha marcado la Unión Europea en el Plan de recuperación para Europa y el NextGenerationEU. 

El conseller Arcadi España propone «romper barreras administrativas y un gran pacto de infraestructuras»

«Ahora tenemos la oportunidad. Hay consenso en superar esos déficits detectados. Cómo hacerlo será más complejo. Hay liquidez y tenemos los fondos de la Unión Europea que ha reaccionado mucho mejor que en la anterior crisis. Como decía Antón Costas es momento de resistir, incentivar la demanda cuando se rebajen las restricciones, reinventarse y superar los desafíos», fue la hoja de ruta que defendió el conseller Arcadi España. Para afrontar estos retos, el titular de Política Territorial propone avanzar en la «colaboración entre administraciones y romper barreras administrativas» además de crear «un gran pacto de las infraestructuras con consensos elevados para sacarlos de debates cortoplacistas y objetivarlas, con informes de impacto, transparencia, control y evaluación», defendió Arcadi España. 

Inversión procíclica 

A juicio de Francisco Pérez, director de investigación del IVIE, «España prioriza mal las infraestructuras que selecciona. El proceso político no va acompañado del análisis del coste beneficio como se ha visto en la inversión en el AVE en detrimento de las Cercanías». A lo que se suma que «la inversión pública no es estabilizadora, es procíclica. Se invierte mucho en bonanza y poco en crisis, lo contrario de lo que recomendaba Keynes». 

Es una situación que se ha agravado durante la pandemia. «En 2007 la inversión neta pública era del 16,5% del PIB. En 2013 representaba el 2%. En 2017 seguíamos en el 3% y en 2020 hemos vuelto al 2%. La inversión social ha caído un 50% en educación y un 70% en infraestructuras de servicios sociales. Tenemos listas de proyectos pendientes porque hace diez años que estamos en esta situación», diagnosticó el catedrático Francisco Pérez . 

Royo: «Hemos visto lo eficiente que es tener buenas infraestructuras pero no se deben sobredimensionar»

Desde el sector privado, el directivo de Construcción de la empresa Acciona, Alberto Royo, considera que la inversión en infraestructuras sociales será la clave para superar la crisis económica provocada por la pandemia. Una «crisis que puede verse como una oportunidad para hacer frente a los grandes retos» e invertir en «nuevas dotaciones hospitalarias, porque ahora hemos visto lo eficiente que es tener buenas infraestructuras para hacer frente a cualquier contingencia, aunque sin sobredimensionar. Además de infraestructuras hidráulicas, educativas, movilidad, tratamiento de residuos y eficiencia energética».

La socia directora del despacho Broseta Abogados, Rosa Vidal, considera que la etapa que afrontamos tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus «hay que tomarla como una oportunidad para decidir dónde queremos estar como país y como comunidad autónoma». Es un momento en el que la Unión Europea «ha puesto un plan muy ambicioso, ya que en otras crisis no se ha puesto toda la carne en el asador. Yes un reto saber cómo aprovecharlo». 

Tiempos muy breves

Una oportunidad de inversión que, para Rosa Vidal, debe ir irremediablemente «unida a la colaboración público-privada (CPP)» porque los planes de inversión europeos «marcan tiempos muy breves. Y "la administración pública tiene procedimientos poco adecuados a la agilidad y rapidez». De ahí que Vidal destaque la importancia del decreto de modernización de la administración pública para ejecutar Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno en diciembre. «El momento exige un cambio radical. No hay que tener miedo a aplicar cosas revolucionarias en el entorno de la administración».

Por su parte, el socio responsable del sector de Infraestructuras en España de KPMG, Ovidio Turrado, recordó que «hay necesidades que claramente superan el total de los fondos del programa Next Generation, por lo que un efecto multiplicador de estas inversiones solo se puede conseguir con colaboración público-privada por lo que es importante diseñar fórmulas para atraer inversiones que permitan conseguir financiación en mejores condiciones». 

 A la hora de acometer fórmulas eficaces de colaboración «la historia cuenta y mucho -aseguró el conseller Arcadi España- porque la colaboración público-privada no ha sido ejemplar [en la Comunitat Valenciana] por lo que hay que recuperar con cautela la confianza entre la administración, las empresas y los ciudadanos». 

Rosa Vidal: «El momento exige un cambio radical. No hay que tener miedo a cosas revolucionarias en la administración»

En otras autonomías y en otros países se han llevado actuaciones relevantes en materia de CPP. Los participantes en el encuentro telemático organizado por Levante-EMVofrecieron ejemplos que podrían servir para la Comunitat Valenciana, según destacaron . Un camino que se ha de retomar, según el directivo de Acciona Alberto Royo, «basándose en la confianza entre la administración, las empresas y los ciudadanos, que es fundamental». Mediante esta fórmula de colaboración público-privada se está construyendo «el tranvía de Sidney, el de Zaragoza, el tranvía del Besòs y la línea 6 de Sao Paulo. Son proyectos en los que la iniciativa privada se implica desde la concepción del proyecto a la ejecución de la obras, la compra de material rodante y la explotación de la línea». 

Ejemplos de colaboración

Para Rosa Vidal «los puertos son un ejemplo de colaboración público-privada en los que hay rentabilidad económica y social, vertebración del territorio y un ejemplo de éxito». También debería existir, a su juicio, en las «viviendas sociales para crear parques de vivienda públicas y privadas» o en la construcción de «líneas de tranvía que vertebren la ciudad». Aunque Vidal, que es abogada del Estado en excedencia, advirtió que «la colaboración público-privada es un buen instrumento pero tiene que estar bien planificada, no cualquier obra sirve para la CPP». 

Por último, a juicio de Ovidio Turrado, existen modelos de éxito de colaboración público-privada en la que «los anglosajones van por delante, junto a Australia y Canadá· y en los que «el financiador sabe cómo colocar su dinero y en los que la asignación de riesgos debe ser adecuada y tener retorno social». 

¿Sería aplicable esta colaboración público-privada a las líneas de metro que se planifican?, preguntó el director gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, desde el público que seguía el debate por vía telemática. La idea ya se intentó para construir la Línea 2 (actual línea 10) pero fue un fracaso. «Estamos abiertos -respondió Arcadi España-. Hay empresas interesadas. Las estudiaremos y veremos su viabilidad. Por encima de todo queremos buenas infraestructuras, asequibles y hechas con transparencia».

 

Más agilidad y cambiar la ley de desindexación

¿Está preparada la administración para tramitar y gestionar los 14.000 millones de euros de ayudas europeas que llegarán en los próximos tres años (teniendo en cuenta que en catorce años la C. Valenciana ha recibido 3.000 millones)? El conseller Arcadi España rompió una lanza por los «servidores de lo público que han trabajado muy por encima de los recursos en la sanidad y la tramitación de ERTE y ayudas». España se mostró partidario de extender la colaboración público-privada a la tramitación administrativa. «Miremos a los países nórdicos o Alemania que tienen normativa que les permite ser ágiles. Hemos soportado el shock pero tenemos que dar pasos rápidos y ambiciosos para dar pasos estructurales». 

El directivo de Acciona Alberto Royo, y también la abogada Rosa Vidal consideran que uno de los problemas ha sido la ley de desindexación, fundamental para cualquier inversor. «Ha de moderarse la situación para que el capital que hay a nivel público y privado se mueva y tenga apetito por estas inversiones. Hay que aprovechar estos momentos para ser valientes».