La Audiencia de Toledo ha confirmado la pena de dos años y diez meses de cárcel, 34 meses, contra el exmagistrado valenciano Fernando Presencia por los delitos de denuncia falsa y calumnias contra el fiscal jefe de Talavera, Ángel de la Cruz, contra el que ha llegado a presentar cinco denuncias o querellas, todas archivadas.

Fernando Presencia fue desterrado al juzgado de Instrucción y Primera Instancia número dos de Talavera de la Reina (Toledo) como sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en mayo de 2012 por una falta muy grave por los cursos que organizaba como magistrado del Juzgado Mercantil 2 de València por lo que su imparcialidad se pudo ver menoscabada al adjudicar concursos a alumnos del máster de 12.000 euros que codirigía y por el que percibía una retribución.

Diez años de inhabilitación

Su paso por el partido judicial de Talavera de la Reina también ha sido accidentado. Aunque su trayectoria se frenó en seco en mayo de 2016 tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Tsjcm) a diez años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros por prevaricación, tras favorecer a un amigo abogado al que juzgó.

La primera sentencia que lo condena a 34 meses de cárcel se refiere a las reiteradas denuncias que presentó contra el fiscal jefe de Talavera, Ángel de la Cruz Andrade, al que acusaba de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio.

La primera denuncia la presentó en julio de 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción tras alegar haber recibido «numerosas quejas verbales de profesionales y abogados, sobre la existencia de un entramado de corrupción en los Juzgados de Talavera de la Reina». Ese mismo mes presentó a través del sindicato Manos Limpias otra querella contra el fiscal jefe por los mismos hechos pero ante el TSJ de Castilla-La Mancha. Ambas fueron archivadas, pero Presencia insistió presentando otra demanda ante el Supremo, que incluía al presidente del TSJ manchego, Vicente Rouco, en noviembre de 2015. Además de presentar escritos de denuncia ante el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y un juzgado de instrucción de Madrid.

Los magistrados de la Audiencia de Toledo advierten a Presencia en la sentencia que «por más que quiera ver el recurrente una serie de delitos cometidos por el querellante, como también una especie de confabulación para la comisión de toda clase de maquinaciones corruptas en los juzgados de Talavera de la Reina, el archivo de los delitos que imputa al querellante es firme y reiterado hasta la saciedad, constituyendo un verdadero fraude de ley al presentar denuncias idénticas ante diversas autoridades judiciales».