Llega a su despacho puntual y con paso acelerado tras una semana de vértigo en la que el gobierno provincial se han decidido a poner fin a una aventura traumática que a la representante de Compromís le ha costado no pocos desvelos.
Tras el caso Alquería ya se planteó el cierre de Divalterra. ¿Por qué ha tardado tanto y por qué ahora?
La decisión no se toma ahora, sino en julio de 2018, cuando yo era presidenta en funciones, tras la dimisión de Jorge Rodríguez. Anuncié el cierre controlado, pero las cosas en la administración pública no son fáciles y, teniendo en cuenta que estamos hablando de 600 trabajadores, había que hacerlo con mucha calma. Se han barajado muchas opciones y ha habido una pandemia que ha paralizado la administración. Queríamos que los informes técnicos nos dijeran cuál era la mejor manera jurídica de que esto acabe. Se ha entendido que lo más lógico es que las brigadas de prevención de incendios pasen al Consorcio de Bomberos y que el resto de servicios los asuma diputación.
Según el PP lo hacen ahora para tapar la última crisis interna por la contratación de la jefa de Personal.
Esa es una cuestión puramente técnica. Nadie puede creerse que las tres personas con más responsabilidad de velar por la legalidad y el cumplimiento normativo de la casa hayan hecho en dos días un informe tan elaborado como el que nos ha llevado a tomar la decisión. A los técnicos les ha costado mucho ponerse de acuerdo; se han estudiado varias fórmulas y se ha analizado abundante jurisprudencia. El presidente y yo hemos llevado el asunto con mucha discreción, porque detrás hay muchos trabajadores y no queríamos crear malestar o incerteza. Hasta que no ha estado muy claro no lo hemos querido exponer.
¿Se arrepiente de no haber cerrado o vaciado Imelsa en 2015?
Fue algo que se planteó, pero hasta ahora no habíamos tenido un informe tan claro al respecto. En aquel momento, la gente que llevaba más tiempo consideró que había que darle otra oportunidad a Imelsa porque son muchos trabajadores y la labor que hacen es muy necesaria. Decidimos intentarlo, pero hemos visto que no es un problema solo de los políticos, sino que la empresa tampoco funciona dejándola en manos de los técnicos. Había que tomar una decisión valiente que los empleados nos han agradecido. Ellos no tienen culpa y estaban muy hartos de que solo se hable negativamente de Divalterra. Es hora de quitar el estigma.
¿Cómo va a asumir el Consorcio de Bomberos a 500 brigadistas?
El Consorcio va pasar a ser uno de los más grandes del Estado. Reforzaremos el cuadro administrativo para que ni a los bomberos ni a las personas que están al frente les perjudiquen los cambios. Será positivo para todos. Los dos colectivos mantendrán los mismos derechos laborales y sus mesas de negociación. Aún se tienen que perfilar muchas cosas; si conseguimos unificarlo todo en un año estaré muy contenta. Si hay trabajadores que llevan muchos años en Divalterra y se quieren prejubilar, lo facilitaremos.
La mayoría de empleados accedió a la antigua Imelsa sin pasar ningún proceso. ¿Es un problema?
Si entraron sin procesos de selección han adquirido unos derechos laborales y ahora no podemos determinar quién accedió de una forma u otra. Los trabajadores no tienen la culpa de lo que pasó hace años. Lo que sí hemos garantizado es que eso no va a pasar más. Podríamos haber dejado correr la cosa y que los que vengan se apañen, sería lo fácil, pero era nuestra obligación moral solventar la situación.
La imagen de sintonía del PSPV y Compromís en la diputación contrasta con las riñas en el Botànic. ¿Cuál es el secreto?
Puede que sea porque no competimos electoralmente. Con quienes tratamos es con los alcaldes y concejales y las problemáticas son las mismas independientemente del color político. Claro que surgen discrepancias, pero cuando pasa lo hablamos y tratamos de solventarlas desde la discreción, trabajando en la misma línea. No somos partidarios de airearlas.
Después de seis años como vicepresidenta, ¿sigue pensando que hay que cerrar las diputaciones?
Lo sigo pensando igual que el primer día, pero es una realidad que no depende de nosotros. Hemos trabajado mucho para intentar vaciarlas de contenido y dotar a los municipios de más autonomía, eliminando el clientelismo. Somos una administración que puede pasar desapercibida, porque cuando las cosas se hacen bien donde repercute es en los pueblos. Mi área ha sacado una línea de subvenciones para luchar contra el cambio climático y los municipios han reaccionado presentando más de 800 solicitudes. Mientras estemos aquí podemos marcar las políticas en las que creemos, invirtiendo mucho dinero en procesos de concurrencia competitiva y con criterios objetivos, pero también podría hacerse igual si esos recursos los tuviera la Generalitat o las mancomunidades, a las que estamos dotando para que tengan cada vez más fuerza, porque están más arraigadas al territorio.
¿La diputación sigue haciendo de cajero de la Generalitat?
Nunca nos hemos considerado eso. Compartimos el espíritu del Botànic y si nos piden apoyo estamos ahí para colaborar, aunando fuerzas para ahorrar energías y llegando allí donde la Generalitat no llega. A la gente de los pueblos no le importa quién pone el dinero, sino que los servicios funcionen bien. Trabajamos es en la transferencia de competencias, pero no es fácil.
Los bomberos han salido a la calle para reclamar más personal.
Un informe nos dice que el Consorcio necesita incorporar a 150 trabajadores en cinco o seis años para adaptarse a la población actual que atiende. Haremos las oposiciones que hagan falta para contar con ese personal, pero no son cosas rápidas, existen determinadas restricciones y hay unos trámites. De momento, hemos conseguido que la Delegación del Gobierno nos autorice a convocar las dos primeras fases. También vamos a trasladar la sede del Consorcio a unas nuevas instalaciones en Burjassot porque ahora mismo está en un lugar tremendo.
¿Cómo ha encajado las penas de 8 años de cárcel que le pide la Fiscalía a Jorge Rodríguez y otros excargos del PSPV y Compromís?
Me parecen absolutamente desproporcionadas. Como abogada siempre he dicho que, mientras no haya condena, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Se han podido equivocar, como toda la gente que está en la administración, pero es una pena tan elevada que parece que esto era la cueva de Ali Babá y no ha sido así. Ninguna de las personas que están ahí han sido malas personas, han hecho un buen trabajo. Estamos confundiendo la infracción laboral o administrativa con un tema penal, que es el último escalón del sistema judicial al que se ha de acudir. Muy alegremente, ahora los políticos anunciamos que vamos a ir a la Fiscalía a ver qué pasa. Es algo peligroso porque, al final, hay que tener mucho valor y coraje para dedicarse a la política.
Coordina la ponencia de estatutos en el congreso del Bloc. ¿Qué opinón le merece la refundación?
Hemos cambiado muchas veces de nombre y somos los mismos, pero este va a ser un proceso enriquecedor para adaptarnos a la realidad actual, mejorar y coordinarnos bien en las instituciones. Tenemos que abrirnos a la sociedad y atraer a más gente. La organización ha de estar preparada y fuerte para hacer frente a los desafíos.
