El expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, y el exportavoz socialista del PSPV-PSOE en la institución provincial, Rafael Rubio, han solicitado el sobreseimiento de la causa de los zombis del caso Taula contra ellos, en respuesta al auto de procesamiento y fin de la instrucción de este caso que comenzó a investigarse en 2014. Aunque ambos difieren en los motivos que alegan para que la cause se cierre respecto a ellos.
Rus alega que no tenía competencia alguna para contratar en Imelsa. Una potestad que estaba en manos de su antiguo colaborador, Marcos Benavent, a quien Rus ataca y asegura que «utilizó su cargo de gerente de Imelsa para lucrarse a través de una red de empresas en las que utilizaba a personas interpuestas -testaferros- para que no se le pudiera vincular con dichas empresas». Y añade que «Benavent se ha dedicado a construir un personaje autodenominado ‘yonki del dinero’ para, en una supuesta colaboración con la justicia, inculpar a unos y a otros intentando aminorar las penas que derivarán de su propia actividad delictiva». Rus niega haber tenido influencia o capacidad de decisión tanto sobre los contratos de Imelsa como los de Ciegsa.
Por su parte, el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de València y actual subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, asegura que «fue extremadamente escrupuloso con los contratos que se hicieron a dos asesoras a su cargo de marzo a junio de 2011, plazas que asegura no se crearon a instancia suya, además de negar pertenecer a ninguna organización criminal.
La defensa de Rubio alega que estos dos puestos de trabajo ya estaban «establecidos antes de que fuera nombrado consejero de Imelsa entre julio de 2007 y junio de 2011. Y añade las contrataciones de dos administrativas «cumplieron la normativa del personal eventual», no ficharon porque el sistema digital no se instauró hasta 2012-2013 y realizaron trabajos reales, defiende.
