A Ana Bermúdez la pueden dejar sin casa en cualquier momento. Hoy, mañana, pasado, dentro de tres días o de diez minutos. La policía puede llegar cuando sea y desahuciarla a ella y a sus hijos de 8 y 15 años. La angustia empezó en la siguiente fecha y hora: martes 13 de abril a las 17:30, justo después de dejar a su hija pequeña en clases de repaso. Cuando llegó a casa la Policía Nacional tocó su puerta y le entregó un papel. Era un lanzamiento por la vía penal.
Literalmente, a partir de ese instante los agentes tienen potestad para ir a desahuciarla el día que quieran, a la hora que quieran, sin avisar. Es lo que se llama «desahucios de fecha abierta», una modalidad de lanzamientos que aún es minoritaria, pero que va ganando terreno por la ventaja de no tener que lidiar con las asociaciones de vecinos o plataformas que organizan la resistencia en la puerta en los desalojos con fecha y hora. Y mientras tanto, Ana vive angustiada sine die.
La situación de esta mujer se arrastra desde que fue condenada en un juicio por usurpación de vivienda en 2018. 300 euros de multa y la obligación de abandonar el inmueble que tuvo que ocupar por pura necesidad, afectada por un mercado de vivienda con precios inalcanzables hasta para los que tienen un buen trabajo. «¿Miramos ahora mismo en Internet? Madre mía, si te piden dos nóminas, que no tengas ni una sola deuda, y hasta alguien que te avale ¡ Como si fueras a pedir una hipoteca !», lamenta.
Ahora cobra 620 euros gracias a ayudas sociales, pero cuando le sale algo trabaja como limpiadora, o cuidadora. Ha pedido el Ingreso Mínimo Vital pero se lo han denegado. Es del barrio de Orriols de toda la vida, como sus niños, forma parte del Consejo Escolar del colegio de su hija y su comunidad de vecinos le ha firmado un escrito, en nombre de todos, para que no la echen.
Vecinos versus bancos
Pero eso no significa nada para la Sareb, que quiere el piso y lo pide por lo penal. Según Eva Larrosa, del sindicato de barrio Espai Veïnal Cabanyal (que acompaña y asesora a Ana), «que la Sareb quiera el piso no quiere decir necesariamente que lo tenga vendido a otra entidad o fondo, en el Cabanyal muchos pisos son reclamados por la Sareb para luego quedarse vacíos durante años».
Los desahucios con fecha abierta empezaron a verse en Barcelona, en 2019, y se tiene constancia de los primeros en València meses antes de la llegada de la pandemia. Su aplicación, cuando no hay legislación al respecto y todo queda a la interpretación del juez, deja muchas dudas. Más aún cuando València vive, desde hace dos años, el florecimiento de multitud de sindicatos de barrio que luchan contra los desahucios.
Luis Fernández, abogado especializado en derecho a la vivienda de la cooperativa El Rogle, asegura que «no logramos ver la justificación jurídica más que tratar de evitar la presión de los movimientos sociales». Larrosa reconoce que sin una fecha y hora, y ante la posibilidad de que aparezcan en cualquier momento, organizar la resistencia vecinal es casi imposible.
José Luís González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la Comunitat Valenciana, califica estos procedimientos como «una monstruosidad» y pone el foco en el impacto en la vida del afectado «que tiene que estar 24 horas pendiente de si van a venir a desahuciarle». «Es una situación inhumana», sentencia.
Ana tiene la mesa del comedor llena de papeles. Ingreso Mínimo, Servicios Sociales, notificaciones judiciales, notaría, extractos, contratos, resguardos, registro de entrada… acostumbrada se maneja entre el mar de burocracia como pez en el agua, por mucho que no le gustaría. La Sareb ha amagado dos veces con hacerle un alquiler social que nunca se concreta. Ahora su casa pende de un hilo. En el papel no pone nada. «Pueden venir hoy, mañana, pasado, o en cualquier momento».
«Después de la pandemia habrá más lanzamientos de este tipo»
«Los desahucios con fecha abierta ya están prohibidos. Cualquier juez que no quiera legislar desde su juzgado lo sabe». Así de contundente se expresa Santiago Mas de Xaxàs, miembro de la PAH en Barcelona, que defiende que la ley actual ya especifica que todos los desahucios han de estar fechados, pero es la interpretación de los jueces la que hace que salgan adelante los lanzamientos sin hora.
La fecha abierta se suele emplear, sobre todo, en desahucios por ocupación de vivienda y por lo penal, pero en Barcelona ya se han vivido procedimientos en desahucios por impago y por la vía civil. Desde el Rogle, aunque no rechazan la legitimidad de los jueces, reconocen que existe una falta de regulación específica en este sentido, y advierten que, cuando se aprueba un procedimiento de este tipo, normalmente hay un movimiento social o plataforma o apoyo al afectado.
Desde la PAH aseguran que estos procedimientos están presentes desde hace años, y advierten de que «después de la pandemia veremos más desahucios con fecha abierta», y además, Mas de Xaxàs interpela «al resto de jueces que sí están cumpliendo con la ley a unificar esto y crear doctrina».
Para evitar esta realidad, en la plataforma reclaman «una ley de vivienda que acabe con los desahucios sin alternativa habitacional» y critican que el Gobierno de coalición «ante el drama y la lacra de los desahucios con más de un millón desde 2008, continúan proponiendo medidas que son conscientes de que no van a funcionar».
