Hace unos meses la Plataforma Salud Mental Fuera de las Prisiones, formada por más de 200 ONG del ámbito penitenciario y de la salud mental de España, exigió la cancelación inmediata del proyecto de construcción de un gran centro psiquiátrico penitenciario en la población de Siete Aguas. Ahora, el Gobierno de España vuelve a mover ficha con una serie de reuniones, lo que ha espoleado a la plataforma para mostrar, una vez más su rechazo.
«Hacer el centro de Siete Aguas sería una salvajada», así de categórico se mostró ayer Javier Vilalta, miembro de la plataforma y responsable de la asociación Àmbit, que explica que la propuesta que Instituciones Penitenciarias quiere sacar a licitación «vulnera claramente los Derechos Humanos», por eso no duda en afirmar que la plataforma va a conseguir paralizar el proyecto acudiendo al defensor del pueblo europeo, a observadores de Naciones Unidas y , si es preciso, emprender acciones judiciales.
«Nuestra Administración estatal y autonómica no puede seguir vulnerando sistemáticamente los derechos del paciente, la legislación vigente y los derechos humanos de las personas pobres con problemas de salud mental», explica Vilalta, que se pregunta cómo unos familiares de A Coruña o Madrid iban a poder sufragar 10 o 15 años de viajes a Siete Aguas para ver a sus seres queridos. «Deslocalizar a personas y tenerlas a 100, 300, 500 o 3000 km es cruel a sabiendas que muchas personas acaban en prisión por no poder acceder a una salud digna fuera», explica.
El responsable de Àmbit considera que los 80 millones con los que se calcula que podría terminarse este proyecto (ya se han invertido 20 en Siete Aguas, aunque en un primer momento era para una prisión convencional que finalmente no ha cuajado), se deberían destinar «a contratar profesionales» y poner solución a un problema endémico en España.
«Solo hay 240 de los 500 médicos que deberían haber en prisión, ningún psiquiatra para atender a las 6 prisiones de la Comunitat Valenciana. Se les aplica con carácter general un tratamiento regimental frente al sanitario», denuncia Vilalta sobre la situación asistencial.
Datos alentadores
Un dato que desde la asociación Àmbit recalcan es que con un buen programa asistencial, la mayoría de las personas con problemas de salud mental se reinsertan en la sociedad sin reincidir en actos violentos o delictivos.
En este sentido, ponen como ejemplo el Programa Pont de buenas prácticas que llevan a cabo a través de su red de sus tres viviendas tuteladas, un albergue y otros 14 hogares satélite. Los resultados son alentadores, ya que de los 89 hombres y 25 mujeres que han formado parte de este programa, ninguna de ellas ha reincidido en estas conductas en los últimos diez años.
