Lo que debería ser la excepción en la gestión de los centros de menores se ha convertido en la regla por el «excesivo retraso» en la licitación de los centros de menores de la Comunitat Valenciana.
Eso es lo que ocurre en el ámbito administrativo con los contratos de los centros de menores de la Comunitat Valenciana que está investigando el Síndic de Greuges ya que, en la actualidad, la gran mayoría de centros de menores que conforman la red no cuentan con un contrato en vigor y funcionan gracias a la figura del enriquecimiento injusto tras agotar las prórrogas permitidas y no haber firmado el nuevo contrato.
«En la actualidad, de los 26 centros de gestión integral (19 protección y 7 socioeducativos), revisados en la presente queja, 24 se encuentran en resarcimiento por enriquecimiento injusto (18 de protección y 6 socio educativos)», explica el informe.
Sin embargo, esa figura legal prevista como una excepción -y que permite el pago de las facturas mientras se saca la gestión de los centros a licitación para poder firmar los correspondientes contratos- tiene consecuencias laborales para los empleados de esos mismos centros que trabajan con la infancia tutelada por la Generalitat Valenciana.
Ratios de personal
De hecho, hace dos años que salieron a la calle en busca de soluciones. El pasado mes de febrero, sin embargo, dieron un paso más y la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos (FeSP-UGT) presentó una queja ante el Síndic de Greuges para denunciar retrasos genéricos de cinco meses en los pagos a las empresas que gestionan los centros de menores y cómo el «excesivo retraso» en la licitación de contratos de gestión integral de los centros del sector de infancia y adolescencia «están provocando, entre otros, problemas de retraso en el aumento de ratios de personal y la congelación salarial de los trabajadores, a los que se les sigue aplicando la tabla salarial del año 2011».
Es más, los empleados afirman que llegaron a un acuerdo con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para acabar con la congelación salarial a partir del 1 de julio de 2021.
Sin embargo, ese acuerdo no será posible si no se formaliza la licitación y adjudicación de los contratos de gestión integral, algo que, de momento, no tiene fecha. «En estos momentos no podemos concretar con exactitud la fecha de formalización de los futuros contratos», afirma la Administración en una respuesta, aunque reconoce que el objetivo es «regularizar la situación contractual de estos centros y actualizar las condiciones laborales y salariales del personal» por lo que «se están tramitando los expedientes de contratación, mediante procedimiento abierto y regulación armonizada, para actualizar dichos aspectos».
Por ello, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, resuelve la queja criticando «la demora en los pagos a las entidades a las que la propia Administración ha delegado el ejercicio de la guarda de los menores por ella tuteados» porque suponen «inhabilidad y mal desempeño del cargo tutelar».
Además, le exige a la consejera «la financiación necesaria para las entidades que gestionan centros propios de la administración en el sector de infancia y juventud» y que «adopte las medidas oportunas para hacer efectivo el pago de las cuantías adeudadas a las entidades, así como que establezca los mecanismos necesarios para evitar las demoras en los pagos a las referidas entidades».
Y concluye: «Las citadas demoras se vienen produciendo de forma reiterada desde hace años, repercutiendo en las entidades los gastos derivados de operaciones bancarias a las que se ven forzadas para poder cubrir las obligaciones legales que corresponden a la consejera como tutora de los menores acogidos».
