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Análisis

Código rojo a mano izquierda

El promotor detenido puso huevos en todas las cestas de las administraciones. La jueza, la Fiscalía y la Guardia Civil están ahora en evitar la ley de punto final a una época

Agentes de la Guardia Civil en la operación Azud II de esta semana

Agentes de la Guardia Civil en la operación Azud II de esta semana

El «pressing catch» es un deporte amigo del espectáculo, pero poco rentable para los traumatólogos. En el papel de oposición, uno puede elegir entre meter la pierna o la impostura, aunque esté aliñada con percusión y fuegos artificiales. Las mayorías absolutas, hijas de las hegemonías sociales, complicaban el ejercicio del control y fiscalización, tanto en la esfera política, como en la judicial o la periodística. Por miedo, comodidad o «pizzo». En ese panorama es cuando ese deporte de no contacto se desplegaba en todo su esplendor.

En aquellos años de borrachera inmobiliaria (desde mediados de la primera legislatura de Zaplana hasta que llegó Alberto Fabra a Desguaces Generalitat) la corrupción campó sin respetar carriles, magistraturas ni estratos. Como el riego a manta. Son docenas los casos mediáticos censados (Gürtel, Blasco, Taula, IVEX, Cártel del Fuego, Emarsa…), pero no deja de sorprender que en un mapa valenciano sembrado de escándalos hubiera una isla llamada ciudad de València, casi huérfana de grandes chorizadas. El Caso Azud, que arrancó con la detención del abogado José María Corbín, cuñadísimo de Rita Barberá, era una esperanza para reparar esa injusticia con el Cap i casal. Y, como era previsible, no está defraudando. El despacho era la agencia local de planificación urbanística paralela y no precisamente desconectada del vicealcalde del ramo, Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá hasta 2015.

¿Por qué podría interesar pagar comisiones a cargos públicos de la oposición? A los empresarios les encantan los consensos casi tanto como les repele la inseguridad jurídica y la polémica. En la dieta del promotor inmobiliario, el pacto es, junto con el sueño del máximo coeficiente de edificabilidad, su alimento favorito.

El portavoz municipal del PSPV en la oposición entre 2003 y 2007 y líder del partido, Rafael Rubio, ha sido detenido por haber cobrado presuntamente mordidas a cambio de silencio y de no entorpecer los intereses del promotor inmobiliario Jaime Febrer, también detenido. El dueño de la liquidada Construcciones Valencia Constitución (CVC), estaba muy interesado en la recalificación de parcelas. Jaime Febrer no tiene, desde luego, el peso de un Enrique Ortiz, por ejemplo. Ni siquiera es un importante promotor valenciano. Era como el perejil, un condimento importante en muchas de las salsas urbanísticas de la ciudad. Y más allá. Febrer es, sobre todo, persona de la máxima confianza de Alfonso Grau. No todos los negocios le salieron redondos.

Los terrenos de la Fórmula 1

El PAI del Grao es uno de los pozos de supuestas comisiones. En este caso, Febrer participaba en Acinelav Inversiones 2006 junto con ilustres del ladrillo como Salvador Vila, Lubasa, Pavasal, Gesfesa o Bancaja. Invirtieron 300 millones solo en la compra de los terrenos de los antiguos depósitos de CLH, que se integraron en la macroparcela que albergó parte del trazado de la Fórmula 1. La crisis tumbó el proyecto, la sociedad entró en concurso de acreedores y el suelo subastado fue a parar al grupo inversor Atitlan, uno de cuyos propietarios es Roberto Centeno, yerno de Juan Roig.

Pero la capacidad de Febrer para moverse en círculos políticos iba más allá de la capital y del entorno de Barberá. Se embarcó, por ejemplo, en el PAI Montemar la Nucia de la mano de Francisco Murcia Puchades, que fue presidente de los promotores de Alicante y persona muy próxima a Eduardo Zaplana. El proyecto, en el condado del alcalde Bernabé Cano, fue anulado por el Tribunal Supremo en 2013. Un mal negocio que dio para que se viviera un apasionante enfrentamiento de los inversores con el jefe de la Gürtel, Francisco Correa, quien pretendía entrar a precio de ganga.

Más cerca de València que la Nucia está Burjassot. Allí, Construcciones Valencia Constitución, el grupo Eroski, a través de la ya extinguida Alcamuga S.A. y el ayuntamiento firmaron un convenio urbanístico para construir un centro comercial y de negocios con 180 establecimientos, un hipermercado, hoteles y edificios de oficinas. Un macroproyecto sobre 64.000 metros cuadrados junto a la CV35, que contemplaba una inversión de 330 millones y que iba a crear 1.900 empleos. Se requería modificar el PGOU para convertir suelo rústico en terciario. El proyecto se anunció en 2007 y el alcalde socialista, José Luis Andrés Chavarrías, lo calificó como el «el más ambicioso, beneficioso e impactante en los 21 años que llevo de alcalde».

Cuando la crisis estaba ya dinamitando macroproyectos, tanto Jaime Febrer como el directivo de Eroski Pepe Yubero garantizaron que el centro comercial se haría. Chavarrías seguía de alcalde porque en los comicios de 2007 revalidó el cargo, tras lograr 9 concejales, los mismos que el PP, y gracias al apoyo del único edil de Esquerra Unida. El Bloc obtuvo dos ediles. Finalmente, el proyecto no pudo ejecutarse, pese a que socialistas y nacionalistas habían defendido el carácter estratégico del mismo, como expresaron el portavoz municipal del PSPV y edil de urbanismo, José Ruiz, como el líder local del Bloc, Jordi Sebastià.

Febrer celebró diversas reuniones con políticos para desarrollar el plan urbanístico. Encuentros con Ruiz, como concejal del área, pero también con personas que intervenían en la operación a título de consultores. Es el caso del histórico líder del Bloc Pere Mayor, quien participó de la mano del grupo Eroski. Mayor se dedica a la consultoría política desde que dimitió de la presidencia del partido en 2003 y de la del consell nacional, en 2006.

Jaime Febrer seguía cultivando relaciones en territorios de la izquierda, del PSPV y del Bloc. El acercamiento de Febrer a círculos socialistas llegó por varios cauces. Fue facilitado, entre otros, por el letrado del partido y también detenido el jueves, José Luis Vera, quien tenía como cliente profesional al promotor. Entre las variadas relaciones del constructor con notables socialistas se contaba el exsecretario de finanzas del PSPV, Josep Maria Cataluña, investigado en la causa.

En las autonómicas de 2007, el PP logró su tercera mayoría absoluta, la segunda de Camps. Jaime Febrer no lloró por el resultado. Tenía huevos en varias cestas. En la del PSPV, desde luego. El líder socialista, Joan Ignasi Pla, dimitió en septiembre tras revelar la «Cadena Ser» que no había pagado las facturas de una reforma de la cocina de su casa. El encargo se lo hizo Pla al constructor Jesús Arjona, de la empresa Gesidova, que subcontrató al Grupo Villegas. Arjona no es un desconocido para Cataluña, pero tampoco para Pere Mayor ni para Jaime Febrer. Ni para los que se dedicaban al urbanismo en ciudades como Dénia en esos tiempos.

Al año de dimitir Pla, llegó a la sede de Blanquerías Jorge Alarte, tras ganarle el congreso a Ximo Puig. Y unos meses después, el 6 de febrero de 2009, estalló el caso Gürtel. Un informe policíal de la UDEF vinculaba a varias contratistas de obra pública (Lubasa, Sedesa, Facsa, Enrique Ortiz y PIAF) con la financiación del PP valenciano. Con los años, los empresarios, cargos populares y la plana mayor Gürtel fueron condenados por financiación ilegal del PP en las campañas de 2007 y 2008.

Cómo afrontar la corrupción

El socialista Jorge Alarte, que había aclarado nada más llegar y en círculos internos que no asumía la gestión económica anterior en el partido, decidió querellarse contra los dirigentes populares señalados en la investigación y las empresas entonces presuntamente financiadoras. El segundo extremo, Alarte lo acordó con el secretario de administración y finanzas de su ejecutiva, José Ruiz. Fue el principio de una agria polémica interna entre los sectores del partido alineados en torno a Alarte y a Ximo Puig sobre pesos y medidas en la lucha contra la corrupción. No en balde, en el congreso de febrero de 2012 celebrado en Alicante y a punto de ser derrotado por Puig, Alarte acusó al hoy presidente de haber sido tibio en su lucha contra la corrupción.

La batalla judicial socialista en este campo arrancó con la personación en el caso IVEX-Julio Iglesias, en tiempo de Pla, y se acentuó en la etapa de Alarte. Los gastos judiciales ayudaron a que la deuda del partido rebasase los 9,5 millones, lo que desencadenó la venta de la sede. Como la cuota de los militantes y las subvenciones públicas no daban para una economía sostenible, el comité nacional aprobó, el 7 de febrero de 2009, una aportación extra de 2,5 euros al mes por afiliado. Alarte justificó la medida en la necesidad de evitar depender de donaciones de empresas.

La ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio era más restrictiva con la financiación de partidos. Las donaciones no podían superar los 100.000 euros, ni ser anónimas y tenían que ir a una cuenta específica. Con todo, los recaudadores siguieron ejerciendo. Se han dado casos de promotores a los que se les ha pasado el cazo más de una vez. Suele pedirse para el partido, que parece causa más noble.

Diez años después del 15M, la asignatura de la regeneración pública sigue pendiente. La corrupción no sólo es la mordida. Esa es la droga dura. La blanda es la acumulación de favores y regalos, a menudo con el barniz de la horterada VIP. Y la mejor vacuna contra esa pandemia es el civismo y el papel de fumar.

Hay sospechas (el sueldo no cuadra con el estilo de vida), hay certezas (ver o dar el máximo crédito a quien lo vio) y hay pruebas, que solamente pueden aportarse si no se tienen los pies de barro. Sería interesante que algunos colaboraran para que el cambio desde los tiempos del «quien no cobra sobre es gilipollas»a la democracia de la transparencia no sea como otras transiciones. En eso está la jueza, la Fiscalía y la UCO, en su 15M particular, en evitar la ley de punto final a una época.

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