El don de la ubicuidad del promotor Jaime María Febrer para participar en importantes operaciones de gestión de suelo también le permitió hacer negocio con la resolución de un problema urbanístico-judicial enquistado durante casi veinte años en el Ayuntamiento de València.
El constructor de la trama impulsó varios PAI en València, Burjassot y El Puig
Febrer está considerado el eje central sobre el que pivota parte de latrama supuestamente corrupta que se investiga en la Operación Azud II. Desde la madrugada del domingo está ingresado en el centro penitenciario de Picassent, junto al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, el exportavoz socialista municipal, Rafael Rubio, y dos empresarios más.
Alfonso Grau habría cobrado un millón de euros y Rafael Rubio 300.000 euros en mordidas de la trama urbanística
Una de las operaciones urbanísticas bajo la lupa de los investigadores del caso Azud -y por la que preguntaron a los detenidos el sábado- es la negociación de varias promotoras con diez centros educativos privados -nueve de ellos religiosos- a los que el Ayuntamiento de València debía pagar una deuda de 31 millones de euros.
El conflicto se remonta a la aprobación del PlanGgeneral de Ordenación Urbana (PGOU) de València de 1988, que calificó como «equipamientos públicos» las parcelas de los centros educativos, fueran públicos o privados . Diez centros escolares decidieron emprender una batalla legal en la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les dio la razón en 1993.
La sentencia, ratificada por el Supremo en 1999, reconocía que los colegios tenían derecho a ser indemnizados por la edificabilidad futurible (como sus vecinos de manzana) que perdían al ser calificadas como equipamiento público las parcelas que ocupaban en zonas privilegiadas de la ciudad. Entre los litigantes se encontraban el Instituto de los Hermanos Maristas, las Religiosas de Jesús y María, el Instituto de la Santísima Trinidad, el Pío XII, Sacerdotes Operarios Diocesanos de San Vicente de Paúl, Dominicos, Esclavas, Escolapios y la Escuela de Artesanos.
La resolución a este conflicto entre los centros privados y el Ayuntamiento de València no llegó hasta 2007. La falta de liquidez del consistorio dirigido entonces por Rita Barberá y con Alfonso Grau al frente de Grandes Proyectos propició que fueran varias promotores quienes pagaran la deuda de 31 millones a los centros privados a cambio de solares recalificados para construir viviendas de renta libre, a pesar de que el suelo municipal sólo se podía destinar a viviendas de protección oficial.
Una operación aparentemente legal que ahora investigan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del grupo de delitos contra la Administración de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Instrucción 13 de València.
Los investigadores del caso Azud consideran haber encontrado las pruebas de cómo acabó Jaime María Febrer beneficiado por una nueva operación urbanística.
El dietario que cumplimentaba minuciosamente habría servido de guía de los pasos de esta negociación. La operación fue redonda. Los tres solares que el Ayuntamiento de València entregó a cambio de la deuda de 31 millones con los centros religiosos permitían obtener un beneficio neto de 64 millones.