La ofensiva judicial emprendida por el PP contra la gestión reciente de Divalterra no va a detenerse en el controvertido proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos. Los populares también piensan llevar a la Fiscalía las presuntas irregularidades detectadas tanto por la Agencia Antifraude como por el auditor interno de la empresa dependiente de la Diputación de València en las facturas giradas por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) a raíz del acuerdo firmado en 2016 entre ambas entidades para desarrollar el malogrado Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local (Cical), la fundación que trató de impulsar el exnúmero 3 del PSPV, José Manuel Orengo, durante la pasada legislatura.
A finales de abril, el consejo de administración de Divalterra acordó devolver a la FVMP facturas por valor de 68.000 euros indebidamente justificadas y planteó iniciar un procedimiento para reclamar la devolución de parte de los 40.000 € abonados a la Federación si ésta no conseguía acreditar que se correspondían con trabajos realmente ejecutados.
Ayer volvió a reunirse el consejo de Divalterra -podría ser el último- y el PP preguntó si se había recibido contestación de la FVMP sobre la justificación de esos servicios. El presidente del órgano respondió negativamente.
Los populares están decididos a llevar el asunto a la justicia: aseguran que el reintegro de la cantidad podría quedarse en el aire con el inminente cierre de la empresa de las brigadas, a punto de entrar en liquidación.
Hace casi un año de la resolución en la que Antifraude consideró irregular el pago de los 40.000 euros de Cical, avalado con anterioridad por un informe de cuatro líneas del jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, que trabajó como asesor para Orengo en Gandia y que recientemente ha sido detenido en el marco de la Operación Azud II.
Vera estuvo presente en el consejo de administración de ayer, convocado para revisar su situación procesal y su continuidad en la empresa 15 días después de que se decidiera mantenerlo como responsable de Prevención de Riesgos Penales.
A preguntas del PP, Vera defendió su permanencia en la entidad, dijo estar volcado en su trabajo y negó que el código ético que firmó hace poco sea incompatible con su condición de investigado. Los consejeros de la diputación no interpelaron al jefe jurídico, que se mantendrá en el puesto. La presidencia argumentó que por ahora se desconocen los cargos de los que se les acusa. El portavoz del PP, Vicente Mompó, dijo que la situación es «una burla para los ciudadanos».
