La ley trans valenciana fue la primera en la que comenzó a trabajar la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. Se aprobó en 2017 y cuatro años después, la conselleria presenta el balance de la normativa autonómica con datos «objetivos» y con la mirada puesta en una ley estatal con críticas y desencuentros entre el PSOE, Unidas Podemos y el colectivo feminista que cuenta con impulsores y detractores de la misma.
Por eso mismo, la también vicepresidenta presentó ayer el balance de lo que ha supuesto en la Comunitat Valenciana cuatro años de la normativa «porque ha cambiado la vida de muchas personas» y «solo con datos se pierden los miedos y se acaba con los bulos».
La ley trans supuso la creación de la Unidad de Identidad de Género que ofrece una atención integral -psicoterapéutica, de terapia hormonaly farmacológica, además de atención quirúrgica- a todas las personas transexuales que lo soliciten.
Por esa estructura sanitaria específica, compuesta por equipos multidisciplinares, han sido atendidas 565 personas para una operación de cambio de sexo (de 2017 a 2020), 261 personas para terapias hormonales (solo en 2020) y 239 personas con atención psicoterapéutica (solo en 2020). Sin embargo, uno de los aspectos de la ley que genera mayor controversia es la de reconocer la identidad de género sin un informe médico para «acabar con la patología a la hora de reconocer la identidad de género» cuando se pretende cambiar el sexo en un documento.
A la espera de la norma estatal
«Nosotros llegamos hasta donde podemos y por eso pedimos una ley estatal que armonice y sea homogénea para todas las autonomías porque nosotros no podemos cambiar el Registro Civil», explicó Oltra, tras asegurar que en cuatro años (de 2017 a 2020) 712 personas cambiaron su nombre, por ejemplo, en la tarjeta sanitaria SIP.
Además, en las oficinas Orienta (centros de atención y asesoramiento social, psicológico y legal de las personas del colectivo Lgtbi) se han realizado 9.378 atenciones, de las que 3.152 ha sido a personas trans, «lo que significa que una de cada tres pertenece al colectivo trans de manera que se evidencia la necesidad de una ley que les blinde derechos». Cabe destacar que la mayoría de las atenciones son en el grupo de entre los 18 y los 30 años (55,1 %), seguido del que va entre los 31 y los 40 (25,3 %).
Para la vicepresidenta, «estos datos demuestran la necesidad de acompañamiento al inicio del proceso y que este, afortunadamente, cada vez empieza antes». La atención a la preadolescencia y la adolescencia representa el 12,2 % de las consultas. Oltra hizo especial hincapié en las 46 atenciones vinculadas con situaciones de transfobia, una vulnerabilidad que también reflejan las atenciones del 112 sobre este colectivo, por agresiones o situaciones de peligro e incidentes sanitarios. En este sentido, destacó «la importancia de la formación en delitos de odio que este año ya han recibido 676 agentes de los cuerpos de fuerzas y seguridad».
En el área de educación, la vicepresidenta recordó que la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte creó en 2016 un protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad.
Se trata de un protocolo que permite que cualquier persona de la comunidad educativa o la misma persona interesada «puedan dar aviso de una situación de identidad o expresión de género divergente para crear, a partir de ese momento, un equipo de intervención». Este protocolo para la atención de personas trans se activó 91 veces entre los cursos 2018-2019 y 2019-2020.
Respecto a las incidencias por acoso relacionadas con el colectivo Lgtbi, representaron un 4 % de los casos de acoso en el curso 2018-2019 y un 7 % en el 2019-2020. La vicepresidenta señaló que estas cifras «evidencian que es una realidad poco visibilizada por miedo a mayores represalias tanto en el centro educativo como el entorno familiar».
En la presentación del balance la vicepresidenta Mónica Oltra estuvo acompañada del director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, y de la representante del Consell Consultiu Trans, Krital Calvo, quien ha valorado «la visibilidad y el avance social» que supone la ley autonómica para el colectivo. El informe del balance se presentará en las Corts Valencianes.
El empleo, la gran asignatura pendiente
La vicepresidenta Mónica Oltra señaló también que las personas trans, como colectivo de alta vulnerabilidad, se pueden acoger a las ayudas contempladas en el ámbito laboral como el programa Integramos, destinado a la realización de itinerarios de inserción laboral para personas con especiales dificultades de integración al mercado laboral, y que tiene a las personas trans como personas destinatarias. Y es que el empleo sigue siendo tarea pendiente. Asimismo, mencionó los avances realizados en el mundo de la cultura, el deporte y la comunicación.
