El expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otras nueve personas encausadas por la supuesta ocultación de su patrimonio. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló dictó ayer la apertura de juicio oral contra todos ellos. La Audiencia Provincial será el órgano responsable del enjuiciamiento: el mismo que ya condenó al exdirigente del PP hace siete años por cuatro delitos fiscales.
El magistrado instructor de la causa ha requerido a los diez implicados para que depositen una fianza conjunta y solidaria cuyo importe asciende a 1,375 millones de euros, con el propósito de asegurar que se cubren las responsabilidades civiles a las que se enfrentan. La cifra se corresponde con las indemnizaciones que podrían llegar a imponérseles en caso de que el juicio se salde con una sentencia condenatoria.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado apreciaron inicialmente la comisión de varios delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución de una sentencia previa, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho por los que el Ministerio Público pide 12 años de prisión para Fabra. En la causa están procesados también su exmujer, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, entre ellos el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, o el propietario de Facsa, Enrique Gimeno. Para ellos la Fiscalía solicitó diferentes penas.
Seis empresas enjuiciadas
El magistrado ha decretado también la apertura de juicio oral para seis mercantiles como personas jurídicas, por su supuesta responsabilidad en la ocultación del patrimonio del exalto cargo del PP, que presidió la diputación castellonense entre 1995 y 2011.
El procedimiento por el que va a ser juzgado Fabra se abrió en 2017 a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía tras constatar los supuestos obstáculos del clan Fabra al cumplimiento de la sentencia que obligaba al exdirigente pagar dos sanciones de 1,4 millones de euros. A los diferentes acusados también se les atribuyen otros posibles delitos relacionados con el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales, el cohecho y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.
En la causa se investiga si el expresidente del PP de la provincia de Castelló ocultó bienes de su patrimonio para dificultar el cumplimiento de la condena de la Audiencia Provincial que en 2013 impuso a Fabra cuatro años de prisión y el pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
Para intentar sortear posibles embargos judiciales, según el auto de procesamiento, existen indicios de que los miembros de la familia Fabra podrían haber llevado a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales con diferentes operativas, entre las que figuraría la supuesta recepción de fondos a modo de transferencias de diferentes empresarios conocidos que el exdirigente presuntamente habría camuflado en algunos casos como préstamos personales privados. Fabra permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014.
