Carolina Osorio cotiza cada mes a la Seguridad Social, pero no tiene derecho a paro. Tampoco a baja por maternidad o por enfermedad, ni a ninguna prestación. Sí que puede, en cambio, trabajar 60 horas semanales como interna por un sueldo menor al Salario Mínimo Interprofesional. No tiene derecho a formar un sindicato. Si su empleador la acosa sexualmente, la maltrata o la veja, no podría denunciarlo sin miedo a represalias. Puede trabajar 14 horas seguidas si descansa diez. Carolina Osorio no figura en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ni en el Estatuto de los Trabajadores. Carolina Osorio es una madre de dos niñas, trabajadora del hogar.
Todo lo descrito es perfectamente legal. Se trata de la “relación laboral de carácter especial” que firmó el Gobierno, con la complicidad de los grandes sindicatos, hace diez años. “Derechos laborales del siglo XIX recogidos en el decreto 1620/2011”, cuenta Dolores Jacinto, portavoz de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (Aiphyc). Hoy en día esta “relación laboral especial” (eufemismo para decir “derechos laborales de segunda clase”) es la que rige a Carolina, a Dolores, a Cecilia, a Marcela, a Reina, y a tantas y tantas mujeres (muchas de ellas migrantes) que se dedican a algo tan importante y vital como son los cuidados domésticos.
Pero podría no haber sido así. El decreto se firma en noviembre, cuatro meses después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzara el Convenio 189 sobre las trabajadoras domésticas, que regulaba y dotaba de derechos laborales a este colectivo, y que la OIT instó a los estados a ratificar y comprometerse a cumplirlo. España no lo hizo. Justo cuando se cumplen diez años, y como cada año, las trabajadoras del hogar protestan para reclamar derechos y que España, con una década de retraso, se comprometa con el Convenio 189.
Esenciales pero discriminadas
“Sin nosotras, las trabajadoras del hogar, no se mueve el mundo. Se pararía todo. Si la trabajadora del hogar no va a su puesto de trabajo ¿va a ir el jefe o la jefa a trabajar, si no tiene con quien dejar a los niños, o al padre? Si nosotras no existiéramos muchas personas que no lo suelen hacer tendrían que hacer el trabajo doméstico y cuidar de sus familiares dependientes. Y te apuesto que no aguantarían mucho tiempo", cuenta Carolina Osorio, una colombiana madre de dos niñas que tuvo que migrar a España huyendo de la violencia machista.
«Las instituciones nos siguen maltratando cuando somos un sector esencial», dice Dolores Jacinto
Osorio trabaja cuidando a una mujer de 85 años con Alzheimer, que pesa 120 kg. No solo la mueve y la asea, sino que limpia y hace todas las tareas del hogar, aunque en un principio no era para lo que estaba contratada. Cuenta que el trabajo le ha afectado física y emocionalmente. “Como la señora pesa tanto y yo soy un poco pequeña, a veces no puedo con ella. Me ha afectado muchísimo en la espalda, piernas y brazos, la señora es totalmente dependiente y yo la ayudo, pero a veces llego a casa y siento que no me quedan fuerzas ni para caminar”, dice. Cuenta, además, que por su condición de migrante no le queda más remedio que “coger lo que vaya saliendo”. Le pagan 128 euros semanales por media jornada.
Aún así, explica que no es nada comparado con el régimen de interna. “No tienes privacidad ni para para ir al baño, no puedes ducharte hasta que todos se duermen, y no puedes comer con tus jefes porque eres la empleada del hogar, comes en una mesa donde estás sola”. Cecilia Osorio, cuidadora uruguaya, lo explica: “pierdes el derecho a tener amigas, a tener una vida y una sexualidad activas, pierdes toda tu vida, dejas de tener vida para dedicarte a cuidar a otras personas”, dice.
“Las instituciones nos siguen maltratando cuando somos un sector y un trabajo esencial. Somos las mujeres que soportamos los cuidados en un momento tan delicado como la pandemia. Solo pedimos entrar en el Régimen General de la Seguridad Social. Cotizamos cada mes, pero en el momento en el que necesitamos una retribución de vuelta no tenemos ninguna, todo va al estado. No nos parece justo que nosotras aportemos todo y no se nos reconozca absolutamente nada”, critica Dolores Jacinto.
Agradece, por otro lado, la puesta en marcha de una prestación desde el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, pero critica su carácter “puntual”. “No queremos una ayuda extraordinaria, queremos los derechos que nos corresponden”, dice. Además, añade (tanto ella como Carolina y Cecilia), que la prestación no está llegando a ninguna trabajadora, al menos en el círculo de València. No conocen a nadie que la haya cobrado.
Más desprotegidas
El 95 % de las trabajadoras del hogar en la Comunitat son mujeres. Son 32.000 en total (sin contar las migrantes sin papeles), y el principal efecto de la pandemia ha sido el aumento del trabajo en negro. “Calculamos que en 2019 al menos el 30 % del trabajo doméstico era informal, la pandemia ha hecho que esas cifras suban una barbaridad”, explica Jacinto. Todo ello, en el segundo país de Europa con más demanda de este tipo de servicios (y que sigue sin ratificar el Convenio 189), según la activista.
Algo que apunta un estudio publicado recientemente por la OIT, por los diez años del Convenio, es la necesidad de que los inspectores de trabajo entren en las casas. “Se sigue protegiendo este tema por la inviolabilidad del domicilio, pero en el momento hay una trabajadora dentro, esto debería cambiar. Si se hicieran más inspecciones se detectarían muchísimos abusos laborales”, dice Jacinto.
“Como interna pierdes el derecho a tener amigas, a tener una vida social y una sexualidad activas, dejas de tener vida para dedicarte a cuidar a otras personas”, dice Cecilia Osorio.
“En algún momento, hace dos o 3 años, yo le explicaba a mi jefa cómo funciona nuestro trabajo y qué derechos tenemos. Muchas personas siguen sin ver nuestro empleo como un trabajo, de hecho, hasta 1985 no se aprueba la primera ley de trabajo doméstico en España, antes, las mujeres que venían de los pueblos trabajaban a cambio de techo y comida. Tenemos que naturalizar que los cuidados domésticos son un trabajo esencial”, sentencia Jacinto.
Osorio explica que “a parte de cuidadoras, muchas veces tenemos que ser estilistas, enfermeras y limpiadoras al mismo tiempo y en un solo trabajo. Solo pedimos que se ratifique el Convenio 189, los derechos que nos corresponden, que no nos acosen más en nuestros trabajos, el derechos a ser tratadas como debe ser, el derecho a desempleo, que se cumplan todas esas cosas que nos han negado diez años. Que valoren nuestros derechos como los del resto de trabajadoras”, sentencia .
