La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática inicia un nueva etapa en la gestión de 38 grupos del parque público de vivienda en las tres provincias valencianas. Una nueva etapa porque a la intervención arquitectónica y urbanística se sumará la intervención social en la gestión de las 506 comunidades de vecinos a través de 15 equipos pluridisciplinares formados por trabajadores sociales, técnicos de integración social y administradores de fincas.
Una intervención de la que se beneficiarán 22 municipios y que también permitirá «mejorar un parque público de viviendas abandonado durante años para recuperar espacios y dignificarlos», defendió la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris. «Se trata de ponerle alma a los problemas de la vivienda del parque público», defendió Peris.
Esta nuevo enfoque en la política de gestión del parque público de viviendas (que aunará la vertiente arquitectónica y social) se apoyará en el contrato adjudicado a mediados de junio por la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) a la empresa madrileña La Factoría, que gestiona 30.000 viviendas sociales en ayuntamientos y comunidades de toda España con este enfoque multidisciplinar. El contrato para un periodo de tres años asciende 4,8 millones de euros (IVA incluido), con opción de prórroga.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau recordó en su intervención que «durante décadas, gobiernos anteriores han mantenido un modelo de promoción pública de vivienda que aglutinaba a miles de familias pobres en las periferias de las ciudades.
El resultado siempre acaba siendo una especie de comunidad cerrada donde romper los barrotes de la precariedad y de la pobreza puede ser una auténtica odisea». Por ello Martínez Dalmau destaca que « desde el gobierno del Botànic estamos acabando con ese olvido, ahora el primer Plan de Intervención Social en el Parque Público de la Generalitat desplegará la red más grande de acción comunitaria de todo el estado para combatir los procesos de exclusión con una inversión que supera los 9,5 millones».
El nuevo servicio atenderá a 5.229 familias que residen en 38 grupos de vivienda pública en los municipios de Alcoi, Alicante, Elx, Monforte, Novelda, Santa Pola, Paterna, Benaguasil, Massamagrell, Paiporta, Torrent, Sagunt, Riba-roja de Túria, Alfafar, Alberic, Algemesí, Picassent, Benifaió, Alzira, Sagunt, Burriana, Castelló de la Plana y la Vall d’Uixó.
Precisamente en algunas de estas localidades -Castelló, Sagunt y la Vall d’Uixó- ya se ha probado como experiencia piloto con muy buenos resultados, por lo que se ha apostado por extenderlo a otros municipios.
«Acompañamiento vecinal»
El contrato de mediación social, comunitaria y de administración comenzará a ejecutarse este mismo mes de julio con la selección y formación de los trabajadores sociales, profesionales de integración social o administradores de fincas que serán los encargados de realizar un «acompañamiento amplio a las comunidades vecinales en el proceso de autoorganización, gestión de conflictos y sostenibilidad social y económica, tras un análisis de situación de cada grupo», según explicaron ayer los responsables de Vivienda en el acto celebrado en el Palau de Pineda, sede de la Conselleria.
El Plan de Integración Social también incluirá una «valoración de la situación social de las familias, la administración y gestión de la contabilidad de las comunidades, control de los accesos a las zonas comunitarias, comprobación del mantenimiento de los elementos comunes para evitar el desorden o mal uso, así como implantar y hacer un seguimiento del programa de regularización de suministros de agua y luz» serán algunas de las tareas que también realizará este equipo formado por 60 profesionales.
También se pretende crear «un foro transversal colaborativo en cada grupo en el que se consensúe un modelo de intervención comunitaria, contando con la participación vecinal, recursos sociales municipales y el tejido asociativo». Como novedad también se incluye en el contrato «un servicio de urgencias de 24 horas para atender las incidencias sociales y jurídicas de forma presencial o telefónica». Por ejemplo, un caso de violencia de género que pueda producirse y en el que se atenderá la emergencia habitacional de cualquier víctima.
