Tres de cada diez valencianos está en riesgo de pobreza o exclusión social según la última Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2020. Se trata de 29,3 % de la población, dos puntos y tres décimas más que en 2019, lo que evidencia que la pandemia ha tenido un gran impacto en la sociedad y ha reducido los ingresos y la calidad de vida de buena parte de la ciudadanía. 

El riesgo de pobreza en la Comunitat Valenciana se sitúa además casi tres puntos por encima de la media estatal. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social es conocida como tasa Arope (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) . Se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos. 

La tasa Arope se construye con la población que se encuentra en riesgo de pobreza, o con carencias materiales o con baja intensidad en el empleo. El otro indicador que tan solo se basa en el nivel de ingresos también ha crecido en el último año, situándose en 2020 en el 24,6 por ciento, también tres puntos por encima de la media nacional.

En clave estatal, la encuesta de 2020 la tasa Arope se situó en el 26,4% de la población residente en España, frente al 25,3% registrado el año anterior. El aumento de la tasa Arape se produjo en dos de sus tres componentes. Así, el porcentaje de población en situación de carencia material severa subió del 4,7% al 7,0% y el que se situaba en riesgo de pobreza pasó del 20,7% al 21,0%. 

Los ingresos medios de los valencianos se situaron en 11.332 euros, por debajo de los 12.292 euros de la media nacional. En 2020 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2019) se situó en 9.626 euros

Otros indicadores importantes también explican por qué la pandemia ha sido tan desestabilizadora a nivel económico como subrayan las estadísticas anteriores. Así, el 36,1% de los valencianos no se puede permitir vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, casi un punto más que en la encuesta que realizó el INE el año anterior. También, un 36,8% no puede afrontar gastos imprevistos, con todavía más distancia respecto a 2019, un punto y medio puntos. 

Un 13,1% de la ciudadanía asegura que sufre retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, el indicador más preocupante de todos ya que alcanza cuatro puntos de diferencia respecto 2019. Por último, un 10,7% de la población afirma que tiene muchas dificultades para llegar a finales de mes, cuatro puntos más que hace solo un año.