La Universitat Politècnica de València (UPV) se ha visto obligada a abonar 100.000 euros a una empresa con la que tenía un convenio bilateral de colaboración, tal y como contó ayer el periódico El Mundo. La mercantil denunció a la institución académica por incumplir los compromisos de aportación económica estipulados en el contrato y ahora la justicia le ha dado la razón. Así, la sentencia, que se hizo pública en octubre, considera que sí se rompieron los compromisos que habían adquirido ambas entidades. En los últimos meses la universidad ha abonado el importe que le requería el fallo judicial, así como los costes e intereses, según confirmaron a Levante-EMV fuentes de la propia Universitat Politècnica.
Fue en el año 2013 cuando un profesor de la universidad puso en marcha un proyecto plurianual de investigación con una empresa. Un acuerdo en el que la mercantil tenía que aportar el 63 % del total del proyecto y la universidad el 37%. Así, la empresa sí abonó su parte y tras cuatro años de investigación, el proyecto tuvo que redefinirse y la empresa comenzó a desconfiar de la gestión económica de a UPV. Tras no recibir la auditoría que requerían por parte de la institución —fuentes del equipo rectoral confirman que «la auditoría de esas cuentas se la dimos al tribunal de cuentas, que es a quien se las rendimos»— la empresa denunció a la universidad.
La justicia ha fallado a favor de la mercantil y la UPV abonó «hace meses», según explican desde la institución, el montante requerido. «La reclamación fue totalmente lícita y ahora la justicia ha dicho que tenían razón», explican desde la universidad.
«No hay irregularidades, simplemente se incumplió un compromiso, se canceló el contrato y se devolvió lo que se había incumplido», detallan.
Desde el equipo rectoral también aseguraron a este periódico que en los próximos días se pondrán en contacto con el profesor implicado para escuchar su versión de los hechos. «Se ha concluído que la empresa tenía razón», admitieron las mismas fuentes.
