El profesorado asociado critica que la nueva ley de universidades perpetua su precariedad

Entre los problemas que ve la plataforma apuntan que el anteproyecto de LOSU no cita la carga horaria real del PDI Asociado (impartición de la docencia, preparación de clases, corrección de exámenes, coordinación de asignaturas, elaboración de guías docentes, etc.), lo cual permite mantener a las CC AA la precariedad del salario a este personal. Tampoco recoge ninguna mención a cómo equilibrar en las acreditaciones la histórica "expulsión de facto" del PDI Asociado de la investigación y no habla ni de quinquenios docentes ni de sexenios de investigación, aunque les han sido reconocidos ya en sentencias judiciales.

Así, desde la plataforma -presidida por la profesora de la Universitat de València, Isabel de la Cruz- consideran que no soluciona los problemas actuales de este colectivo, que "ha sido el sostén de la universidad pública en los últimos 20 años". Por esto, piden que se incluyan "mecanismos de estabilización del PDI Asociado" y que haya una "vinculación" total del PDI Asociado a la universidad (la posibilidad de ser investigadores principales en los proyectos de investigación, acceso a cargos departamentales y otros, etc.), así como asegurar contratos de un mínimo de 3 años.

Cabe recordar que la figura del profesorado asociado ha sido muy recurrida por las universidades los últimos años, llegando a abusar de ella, para compensar las dificultades que tenían a la hora de cubrir jubilaciones y bajas docentes, por la limitación de la tasa de reposición, que se ha reducido en los últimos años pero no del todo y que no les permite hacer las contrataciones necesarias.

Cerca de 4.000 asociados en la C. Valenciana

El Observatorio del Sistema Universitario cuantifica que en 2018-19 había en la Comunitat un total de 3.985 docentes asociados en las cinco universidades públicas por lo que, en casi una década (desde 2009-10) ha aumentado un 9,1 % esta figura dentro del PDI, donde ya representan uno de cada tres (34,2 %), mientras la media española es del 25,2 %. Asimismo, dentro de este grupo (el PDI) también se incrementan de forma considerable -un 20,1 %- los trabajadores temporales (que incluye a los asociados y otras figuras). Además, todas las universidades valencianas -menos la Universitat Politècnica de València, con un 32 %- superan el límite de temporalidad (con datos entre el 50 y el 60 %), una situación fuera de la ley.

Ahora, la nueva ley que prepara el Gobierno y el ministerio dirigido por Manuel Castells marca que la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, debe pasar del 40 % en la LOU al 20 %. En cuanto a los asociados en concreto, la nueva ley ofrece varias vías de entrada y estabilización a la carrera académica al profesorado asociado que no cuente con un trabajo principal fuera de la universidad y desee hacer carrera académica. Por un lado, establece una reserva de plaza de mínimo el 15 % para este profesorado con título de doctor y una relación contractual previa mínima de cinco años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesorado asociado.

Por otro lado, se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de cinco cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de doctor. Por último, la LOSU introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

El ministerio reconoce que, a la hora de abordar los cambios en las universidades, "uno de los principales problemas que afrontan nuestras universidades es la situación de precariedad en la que se encuentra parte de su personal, principalmente del profesorado asociado".