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«La ley de Extranjería y su reforma es clave para luchar contra la desigualdad»

Oxfam Intermón pide que se reduzcan las «brechas estructurales» ante el incremento del índice de pobreza por primera vez en los últimos 20 años

Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero. | J.M.LÓPEZ

Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero. | J.M.LÓPEZ

Entidades sociales especializadas en la lucha contra la desigualdad en países empobrecidos han dado la voz de alarma: en España los índices de pobreza han crecido por primera vez en 20 años. Y la pobreza se hereda. Por eso, Oxfam Intermón puso en marcha un programa en pandemia que ahora cumple casi un año y que se denomina «Desigualdad Cero», con el objetivo de trabajar igual que hacen en países de rentas medias y contextos frágiles.

«Tras la crisis de 2008 se ha generado una bolsa de pobreza que ha aumentado la desigualdad en 800.000 personas que, al final, suponen cinco millones de personas en pobreza severa. En el ámbito autonómico, 117.000 valencianos viven con menos de 700 euros al mes». Es la voz de Raquel Checa, responsable del Programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón y experta en campañas internacionales. Atiende a Levante-EMV con una reivindicación clara: «O el Gobierno realiza cambios estructurales o la desigualdad seguirá creciendo».

Pero ¿a qué cambios estructurales se refiere la entidad? Raquel Checa no lo duda, y a efectos prácticos marca tres objetivos: «Realizar los cambios necesarios para implementar de forma correcta el Ingreso Mínimo Vital (IMV), realizar una reforma fiscal progresiva y efectiva, más empleo digno y proteger a los migrantes que son los que mantienen nuestro estado de Bienestar».

Y es que la entidad asegura que la pandemia ha hecho estragos en las mujeres, los jóvenes y los migrantes «que son los grandes perjudicados. Hay que proteger a estos colectivos para evitar que la desigualdad aumente».

La ayuda que no llega

El IMV es la ayuda «estrella» del Gobierno en pandemia y, sin embargo, «de las 850.000 solicitudes presentadas solo ha llegado la ayuda a 160.000 personas». Por eso, desde la entidad exigen «que se flexibilicen los requisitos para que la ayuda llegue a quien más la necesita» y que la prestación «se pueda complementar con otras ayudas autonómicas».

Y es que tanto en esta ayuda como en muchas otras, el requisito del empadronamiento supone una barrera que la población migrante no puede atravesar ante «una ley de Extranjería que está pendiente de una reforma que es urgente abordar ya porque es clave en la lucha contra la desigualdad».

Y es que, según recuerda la responsable de la ONG, «las personas migrantes se encargan del sector agrario y del sector hogar-cuidados sin contrato y con total desprotección. Ocupan empleos precarios que nadie quiere en condiciones de semiesclavitud y al argumento del efecto llamada -si se aborda una regularización de estas personas, que es lo que hay que hacer- es falso. La reforma también incluye medidas para los jóvenes extutelados. O se mejora la ley o seguiremos contribuyendo a que aumente la desigualdad».

Los datos confirman que hay más pobreza y que las personas empobrecidas lo son más tras la pandemia. Ahora bien, también hay una mayor concentración de riqueza entre los que ya eran ricos.

«Los pobres son más pobres, pero los ricos son más ricos. Por eso, nosotros proponemos que igual que se gravan las rentas, se grave la riqueza. Este verano ha habido un debate de los países del G-20 para ver cómo se podía imponer un impuesto internacional a las grandes fortunas», explica Raquel Checa. Los jóvenes, también son un colectivo con el que trabajar desde Oxfam Intermón.

«Los jóvenes no tienen mirada de futuro, no tiene opciones y eso es dramático. Se ha generado una nueva clase social, la del trabajador pobre y si se consolida, que es lo que está pasando, la desigualdad crecerá porque tener trabajo ya no es garantía de vivir con dignidad. Las políticas que abordemos con la juventud determinará qué país seremos dentro de 10 años», explica. Checa, además, también pone el foco en un factor que perjudica por igual a toda la población y es el precio de la vivienda.

«Ahora tenemos un decreto antidesahucios que ha evitado que muchas personas vulnerables perdieran su casa pero, ¿qué pasará cuando finalice? No podemos permitir que tener una vivienda sea un lujo, sobre todo con sueldos precarios y una desigualdad que va en aumento y eso es trabajo del Gobierno», concluye.

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