Mientras la reforma de la financiación autonómica sigue su particular ruta de escape hacia los meses venideros, el Congreso Federal del PSOE aparece la próxima semana como un ensayo de los difíciles equilibrios que ha de congeniar el nuevo reparto de fondos. En este sentido, las enmiendas a la ponencia política del partido (el documento que marca la hoja de ruta de la formación) dibujan claramente los dos bloques territoriales con sus intereses y reivindicaciones.
De un lado está el de aquellas comunidades que hoy se sienten más perjudicadas por el actual modelo. Son las mediterráneas con la Comunitat Valenciana y la delegación andaluza como principales abanderadas. La propuesta de este bloque, además de insistir en la urgencia de un cambio de modelo, es la de la población ajustada; es decir, un reparto equitativo según habitantes, pero teniendo en cuenta externalidades que incrementan el coste de los servicios como la dispersión o el envejecimiento.
Por otro lado, están comunidades que tienen un nivel mucho menor de población (muchas de ellas del interior y del norte) y que en un reparto por habitantes saldrían perjudicadas. Este frente lo lidera (por el número de enmiendas presentadas) Cantabria y tiene el respaldo de delegaciones como la asturiana, la extremeña o la castellana. Así, destaca que en ningún caso insisten en la necesidad de un cambio ya y hablan de «llegado el momento» y de «consenso», objetivo casi utópico en estos momentos.
Sus proposiciones se centran en el «coste por habitante» de los servicios a la hora de marcar el reparto. «El nuevo modelo debe tener en cuenta en mayor medida que en el sistema actual, variables tales como la dispersión, la orografía del terreno, el envejecimiento de la población, la dependencia y el coste de componente fijo que lleva la prestación de servicios», expresa una de las enmiendas presentadas por Cantabria que refleja la posición de este bloque.
Curiosa es la situación de Baleares que hasta la fecha estaba incluida dentro del bloque mediterráneo de pedir financiación por habitantes con algún añadido que la ajustase. En una de sus enmiendas pide «huir de la simplificación de aplicar criterios puramente poblacionales» para tener en cuenta «realidades que de forma incuestionable afectan a los gastos que cada comunidad debe asumir», una forma de defender su singularidad insular.
Las dos visiones dentro del PSOE reproducen exactamente el debate que existe entre las autonomías con una diferencia: la de que enfrente también está el PP. Si alcanzar un acuerdo entre compañeros de partido ya será complicado y habrá que observar qué vericuetos dan las enmiendas para evitar enfados internos, lo que se pueda trasladar a la realidad se deberá enfrentar con las dificultades de la polarización y distancia entre ambos partidos.
Buscar una armonización fiscal
Menos contradictorias entre sí son las enmiendas relacionadas con el modelo territorial del Estado. De hecho, la mayoría de las propuestas van en la línea de lo defendido por el PSPV con una apuesta por el modelo federal y el autogobierno. Así, una de las más repetidas es la reivindicación de una reforma del Senado para que se convierta en una cámara de representación territorial. Es más, una enmienda del PSOE andaluz señala que será este órgano ya reformado el que debe legislar el nuevo sistema de financiación autonómico.
También hay otras que avalan las tesis defendidas por Puig como es la apuesta por el diálogo con Cataluña o la «armonización de las bonificaciones, deducciones y tipos impositivos en los impuestos cedidos a las comunidades», una enmienda presentada por la delegación madrileña en línea de la lucha de lo que desde la rama valenciana califican como dumping fiscal de la capital.
La presentación de Operació AVL. El pacte lingüístic dels valencians reunió ayer a tres consellers y al presidente de la Generalitat. Ximo Puig intervino en el acto sobre el libro en el que Sergi Castillo describe las negociaciones que culminaron con la creación del ente normativo de la Comunitat Valenciana en materia lingüística. En este estuvieron los responsables autonómicos de Hacienda, Vicent Soler; Educación, Vicent Marzà, y la consellera de Participación, Rosa Pérez Garijo.
