Hasta 54 artículos de los más de 300 que componen la última Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje aprobada el pasado verano serán revisados por el Gobierno de España y la Generalitat. El ejecutivo central ha convocado al Consell a una comisión bilateral para abordar «las discrepancias» que para la Administración estatal podrían existir en una cincuentena de apartados entre la legislación estatal y la norma promulgada por la conselleria que dirige Arcadi España.
La petición de una comisión bilateral por parte del Gobierno de España se da porque desde el Ministerio de Transición Ecológica y desde el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana se considera que puede haber parte de la ley autonómica de ordenación territorial que colisione con la norma estatal por entrar en sus competencias. Esto podría llevar la norma, si no hubiera acuerdo, a un recurso en el Tribunal Constitucional, algo que desde la Generalitat descartan que vaya a pasar.
Para ello se crea la comisión bilateral entre la comunidad autónoma correspondiente y la Administración del Estado, un espacio en el que en este caso el ejecutivo central explicará sus dudas respecto a los apartados concretos marcados en los que se señalan la posible incompatibilidad entre los dos marcos jurídicos y por qué (en total, 54 artículos incluyendo varias disposiciones adicionales) mientras que desde la Generalitat defenderán su desarrollo legal.
A partir de ahí, se negociará un acuerdo que desde el Consell aseguran que se llegará al tratarse de asuntos «eminentemente técnicos» y que tienen que ver con la «interpretación de la ley» y de cada uno de sus diferentes apartados. Así, consideran que esa interpretación demostrará que la normativa autonómica es perfectamente compatible con la que rige la actividad estatal.
Por ejemplo, entre los puntos que se citan en el documento del Gobierno como posible existencia de colisión, se señala que en el articulado de la ley autonómica hace referencia a las medidas para «compensar» cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente, mientras que en la normativa estatal se habla de medidas previstas para «corregir» y no para «compensar» dichos efectos, que son, según insisten en el documento del ejecutivo «términos con una significación distinta».
De hecho, desde el Consell insisten que la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) se trata de un texto refundido que da un nuevo redactado, agrupación y estructuración de normas ya existentes, pero que no introdujo alteración alguna a la redacción inicial de las leyes refundidas ni creó nuevas figuras.
Sin trasfondo político
Desde la Conselleria de Obras Públicas, mientras tanto, se está estudiando a fondo la cuestión para enviar una respuesta pormenorizada lo antes posible al gobierno. El plazo, no obstante, es amplio, de seis meses en el que habrá un encuentro donde se analizará artículo por artículo para observar si se adapta o no a la jurisprudencia del Estado y las competencia marcadas. Desde el Consell confían en que tras la reunión se llegará con acuerdo y sin necesidad de modificar nada de la ley.
La convocatoria de una comisión bilateral entre el Estado y una comunidad autónoma es relativamente habitual, aunque en muchos casos no acaban con acuerdo y terminan en un recurso de inconstitucionalidad como ocurrió hace dos semanas con los Presupuestos de Asturias. No obstante, estos requerimientos han caído respecto a la etapa de Mariano Rajoy, de los 145 recursos que se presentaron con el PP en Moncloa a los 25 que lleva la etapa de Sánchez.
