La institución cumple sus bodas de plata, ¿qué significa para usted esta efeméride?
Significa la institucionalización de la institución. Un tiempo en el que se ha prestado un servicio a la Generalitat Valenciana y a la sociedad, en su conjunto.
¿Qué cambios ha experimentado la institución estos años?
Aparte de los cambios en la propia ley de creación, ha habido otros. Por ejemplo, el primer consejo estaba formado solo por hombres y hoy es paritario. Además, ahora la procedencia del consejo es más plural. Y eso es importante porque aporta visiones del derecho muy distintas, aunque no ha afectado a la unanimidad de la mayoría de los dictámenes. Hemos cambiado de sede, vivido transformaciones tecnológicas e incorporado progresivamente la transparencia.
¿Cómo ha afectado el año y medio pandémico?
Muchas de las cosas pasaron a hacerse de forma tecnológica, pero tenemos a gala que no hemos dejado de celebrar plenos ninguna semana. Nuestra intención desde el minuto cero fue que no se notase que había una emergencia sanitaria a efectos de recepción de expedientes y creo que lo hemos conseguido.
¿Esperan una avalancha de demandas por mal funcionamiento de la administración?
Pensábamos que habría muchas peticiones de indemnización en el ámbito sanitario, pero por ahora no ha sido así. Sí ha habido peticiones por contratos suspendidos por la epidemia, por ejemplo, los autobuses escolares.
¿El mestizaje en los nombramientos ha generado tensión?
No. Cada uno de los consejeros responde a un nombramiento a propuesta de los grupos parlamentarios, pero el trabajo aquí es un trabajo jurídico y las diferencias más que ideológicas, son jurídicas. La relación humana ha sido magnífica. Hay un debate muy intenso para llegar a consensos, pero puedo contar con los dedos de una mano las veces en que he tenido que hacer uso de mi voto de calidad.
¿En qué asuntos hay más controversia?
Este pleno ha hecho bastante hincapié en cuestiones que hacen referencia a la igualdad de género; en concreto a los procedimientos que hacen posible que se aplique la ley y que no son interpretaciones extrañas al derecho. A veces parece que las leyes de igualdad sean de segunda y no se cumplen con el mismo interés. Por ejemplo, los informes de impacto de género o el cumplimiento de la paridad.
¿Falta voluntad en el Consell para aplicar la Ley de Igualdad?
Cada vez hay más conciencia. Existen las unidades de igualdad, que hacen un trabajo ímprobo. Pero falta formación o medios suficientes para llevar a cabo buenos informes de impacto de género. Ya hay varias sentencias que están echando atrás algunas normas porque estos informes no están bien elaborados. Seguramente hacen falta directrices más claras.
¿Cómo evitar que la política entre en el Consejo?
No entra, por algo tan sencillo como es que nos centramos en el derecho. Este consejo en sus 25 años nunca se ha pronunciado sobre la oportunidad política de una norma. Nuestros dictámenes versan sobre la adecuación al ordenamiento jurídico y en ese marco puede haber interpretaciones distintas, pero las cuestiones políticas no entran en los dictámenes.
¿Ha sentido en algún momento presiones por parte del Consell para dictaminar una norma en un sentido u otro
Nunca, más allá de las prisas. Es decir, en muchas ocasiones la Administración le pone el sello de urgente a la solicitud de un dictamen cuando lo que tienen son prisas. Más allá de eso, nunca he recibido ningún tipo de presión en ningún sentido y me consta que tampoco ninguno de los consejeros. La institución, a lo largo de estos veinticinco años, ha sabido labrarse una posición respetable para que entiendan que el trabajo que aquí se hace está apartado de la dinámica política.
¿Ha resultado incómodo trabajar estos años con el expresidente Francisco Camps?
En lo personal, no. El expresidente Camps es una persona con mucha proyección mediática y lo que ha resultado incómodo es la conexión que en algún momento se ha hecho con el CJC por estar aquí. Esta es una casa tranquila, de reflexión y estudio sin atención a la ciudadanía.
¿Cuál ha sido la aportación del expresidente?
Los expresidentes tienen un gran conocimiento de la Comunitat; sus aportaciones, más allá de lo jurídico, son sobre la realidad valenciana.
El debate sobre el Estatuto de los expresidentes y su plaza en el Jurídic sigue abierto. ¿Es partidaria de dejar la ley como está?
Está regulado como en el Consejo de Estado. Que un expresidente pueda aportar su experiencia, no está mal. Es verdad que el Estatuto de expresidentes contempla derechos, pero no obligaciones y bueno, así lo decidió el parlamento.
En todo caso, ¿puede condicionar la imparcialidad del organismo?
No
,
porque tienen voz, pero no voto. Los consejeros natos no elaboran dictámenes.
¿Dictaminar sobre las proposiciones de ley de las Corts es una asignatura pendiente?
En la modificación de la ley del 2018 se introdujo ya esa posibilidad. De hecho, ya hemos visto, una: la ley de economía circular.
Pero no son preceptivos ...
El papel de los dictámenes es dar una garantía jurídica sobre las normas. La institución ha logrado la autoridad suficiente para que quien elabora una norma y recibe una recomendación, la atienda. En el caso de las proposiciones de ley, podría ser conveniente que informáramos para que el texto esté jurídicamente más depurado, pero el Parlamento es realmente el que tiene la potestad de la capacidad legislativa.
¿El poder lleva mal que le pongan pegas a sus normas?
Pues la verdad es que nunca nos ha llegado nada. Y la mayoría de las ocasiones atienden nuestras observaciones. Por lo tanto, yo creo que más que molestar, al contrario, somos una garantía de seguridad de que no va a haber problemas. Nuestro papel es asesorar, aconsejar y, para nada estorbar. No somos ningún tipo de oposición ni nada al gobierno.
¿Qué pasaría si la Comunitat Valenciana prescindiera del Consell Jurídic?
Se perdería autogobierno. Una figura como la nuestra tiene que existir y, por lo tanto, lo que nosotros no hiciéramos, lo haría Consejo de Estado. Habría distancia en las decisiones y se adelgazaría el Estatut y la autonomía. Estamos en otra etapa, en una fase en la que más que eliminar o instituciones autonómicas, estamos más en la fase de consolidar un Estado descentralizado, de establecer mecanismos de gobernanza más que restar autonomía.
¿Cuáles son los retos para la institución en los próximos años?
Detrás de cada dictamen están los derechos de la personas que bien esperan una buena norma, bien les afecta en una situación personal como una reclamación. Tenemos un proyecto para acercar la institución a la ciudadanía que implica también abrir el palacio a las entidades. También queremos intensificar las relaciones con los ayuntamientos.
